La ponencia que le da la razón a Ordóñez

EL ESPECTADOR REVELA LA PONENCIA del magistrado Alberto Rojas Ríos que pide la nulidad de una tutela que favoreció a 1.280 mujeres que cuestionaron al procurador.

Tambalea la tutela que interpusieron 1.280 mujeres contra Alejandro Ordóñez con el fin de que el procurador rectificara sus posiciones sobre la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). En una ponencia de 85 páginas, conocida por El Espectador, el magistrado Alberto Rojas Ríos expuso las razones jurídicas por las que considera que la tutela que en 2012 favoreció a estas mujeres, lideradas por la abogada Mónica del Pilar Roa López (la misma que demandó la despenalización del aborto en 2006), debe ser anulada. En síntesis, para Rojas Ríos la tutela no era el mecanismo idóneo para reclamar por las presuntas tergiversaciones de Ordóñez respecto del IVE o del uso del anticonceptivo oral de emergencia, mejor conocido como misoprostol.

El origen de este enredo se remonta al año 2012, cuando una Sala de Revisión de la Corte Constitucional acogió los argumentos esbozados por la abogada Roa López y otras 1.279 mujeres que expusieron que Ordóñez y dos de sus delegadas les vulneraron su derecho a la dignidad, al acceso digno a servicios de salud, a la información y a disfrutar del progreso científico “en tanto la anticoncepción de emergencia fue diseñada, luego de años de investigación, precisamente para ofrecer una opción digna a las mujeres víctimas de violencia sexual”. Para estas mujeres, las continuas “falsedades y tergiversaciones” del jefe del Ministerio Público constituían un obstáculo manifiesto que resultaba humillante para quienes buscaban una IVE.

En esa misma línea, estas 1.280 mujeres arguyeron que la oposición de la Procuraduría a la inclusión del misoprostol en el Plan Obligatorio de Salud (POS) implicaba la creación de temores injustificados en el uso de un medicamento que ha sido clasificado como esencial por la Organización Mundial de la Salud, “pues las mujeres y niñas no pueden acceder en este momento a un servicio de salud en condiciones seguras y menos invasivas que un procedimiento quirúrgico”. Sobre esa base, estas ciudadanas exigieron la protección de sus derechos reproductivos, a la dignidad y al libre desarrollo de la personalidad, y le exigieron a Ordóñez que rectificara, con el mismo despliegue e importancia con que emitió sus declaraciones, la información tergiversada. A través de la sentencia T-627 de 2012, la Corte Constitucional les dio la razón.

Desde entonces se ha librado una batalla jurídica que hoy parece despejarse en favor del procurador Alejandro Ordóñez. Pocos días después de la tutela que favoreció a las 1.280 mujeres, el jefe del Ministerio Público pidió su nulidad, argumentando que esta acción jurídica no procedía, que no se probó un peligro inminente e irremediable para las demandantes, que estas actuaban en nombre propio y no en representación de todas las mujeres colombianas y que la acción de tutela no era el camino para poner en cintura al procurador. Ordóñez aseguró que la tutela de 2012 debía declararse nula por una razón elemental: no se probó que alguna de las 1.280 accionantes se hubiera visto afectada por circulares o declaraciones de la Procuraduría.

En su petición de nulidad, el procurador Ordóñez sostuvo que la Corte valoró de manera indebida una sentencia del 5 de junio de 2008 del Consejo de Estado, que no excluyó el carácter abortivo de la anticoncepción oral de emergencia, ni se prohibió manifestar nada en contrario, y se quejó de que el alto tribunal descartara en esa tutela un informe de la Organización Mundial de la Salud de 1970 que le daba la razón. Aún más, Alejandro Ordóñez soltó una pulla: que la Corte desestimó el conflicto de intereses de una de las accionantes, siendo esta la directora de una organización que hace parte de la junta directiva de la entidad que importa el misoprostol. En esencia, para el procurador, a la Corte se le fue la mano.

En la otra orilla, la abogada Mónica Roa sostuvo que Ordóñez ha hecho un uso indebido de los incidentes de nulidad y que la tutela que ganaron buscaba la protección de los derechos a la información y derechos reproductivos que se vulneraron “con información incorrecta y tergiversada” del jefe del Ministerio Público, principal opositor del aborto en Colombia. Aseguró otra de las accionantes, María Ximena Castilla, que el fallo de tutela de 2012 no fue acatado por el procurador “y que hubo mala fe en las acciones realizadas sobre la información suministrada en lo concerniente a los medicamentos” mencionados en el fallo. Por eso pidió que se investigara penal y disciplinariamente a Ordóñez.

El magistrado Alberto Rojas Ríos empezó a estudiar este expediente poco antes de su súbita salida de la Corte, por cuenta de la nulidad de su elección por parte del Consejo de Estado, en junio de 2014. Dos meses después, en entrevista con El Tiempo, Rojas Ríos se refirió a este proceso y dijo que, en principio, no veía “el perjuicio que supuestamente se les causó a las demandantes”. Por lo que la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, una ONG que lucha por los derechos reproductivos de las mujeres, le pidió que se apartara del proceso asegurando que había anticipado su posición, lo que afectaba su imparcialidad.

La semana pasada, el magistrado Rojas Ríos presentó su impedimento ante la Sala Plena de la Corte, que deberá resolver esta recusación en los próximos días. Entre tanto, la que sí está clara es la posición del magistrado con respecto a este debate. En su ponencia manifestó que la tutela cuestionada toma por ciertos y probados los argumentos jurídicos presentados por las accionantes “sin siquiera realizar un análisis de los mismos”. También resaltó que las 1.280 mujeres firmantes no probaron la afectación de sus derechos.

En esa misma línea señaló sin rodeos que la Sala de Revisión que otorgó la tutela en 2012 falló, pues no logró determinar cómo la conducta del procurador sigue causándoles daños a estas mujeres, es decir, a las 1.280 tutelantes. La crítica se concentra en que la tutela busca evitar un perjuicio irremediable para situaciones puntuales, no generales y menos abstractas, como en este caso. En palabras castizas, para Rojas Ríos la tutela no era el mecanismo idóneo para reclamar la rectificación del procurador en relación con los procedimientos de IVE o el uso del misoprostol.

“En el caso objeto de estudio la sentencia de la Sala de Revisión no demostró una afectación particular respecto de los derechos de las mujeres. En concreto, no se deduce de las consideraciones planteadas que, en efecto, se pudieran extraer determinadas consecuencias jurídicas de los hechos presentados”, advierte la ponencia. Y agrega: “Se evidencia que hay, además, una falta de valoración de elementos probatorios respecto de la inminencia de la afectación de los derechos (...) La sentencia hace referencia constante a la manera cómo las accionantes manifiestan sentir sus derechos afectados, pero no hay un verdadero contraste o afectación fáctica que lo pruebe”.

Las razones de Rojas son estrictamente jurídicas, pero con una incidencia política mayúscula. Se trata ni más ni menos que de un debate que ajusta casi una década, desde que, en mayo de 2006, la Corte Constitucional despenalizó el aborto en tres circunstancias: peligro de vida para la madre, malformación del feto y abuso sexual. En criterio de distintas ONG que han venido luchando por el reconocimiento de este derecho, si el procurador gana este pulso, Colombia retrocedería décadas. Otros, en cambio, ven con buenos ojos su vehemente cruzada contra el aborto.

Desde ya se anticipa un acalorado debate sobre esta ponencia. Rojas Ríos, quien en la mayoría de las ocasiones se ha alineado con el llamado bloque liberal de la Corte (integrado por los magistrados Jorge Iván Palacio, María Victoria Calle, Luis Ernesto Vargas y Gloria Stella Ortiz), esta vez votaría con el bloque conservador (compuesto por los magistrados Jorge Pretelt, Luis Guillermo Guerrero y Gabriel Mendoza). Mauricio González Cuervo podría definir las cargas. Sea cual sea el resultado, será apretado.

La responsable del fallo histórico

Mónica Roa es la responsable de que el aborto haya sido despenalizado parcialmente en Colombia, después de que instaurara una demanda de inconstitucionalidad contra un artículo del Código Penal que contemplaba la cárcel para cualquier mujer que interrumpiera su embarazo bajo cualquier circunstancia. La Corte Constitucional le dio la razón en 2006. “Es un fallo histórico para las mujeres colombianas”, declaró Roa, emocionada, al conocer la decisión del tribunal, que además de transformar el panorama de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en el país, cambió sustancialmente su vida. Después del fallo, la abogada se convirtió en una activista feminista de renombre, lo que le ha traído tanto elogios como amenazas. Recibió el premio internacional de la Global Fund for Women y también fue víctima de un atentado en 2012, cuando dispararon contra su oficina, con ella presente, sin causar más daños que el destrozo de algunos vidrios.

Este no es el único caso de intimidación que ha sufrido, además de amenazas por “meterse con temas sagrados”, a su casa han irrumpido ilegalmente desconocidos.

Actualmente está radicada en España, desde donde ejerce la vicepresidencia de Women’s Link Worldwide, una organización que promueve la igualdad de género en todo el mundo. “Las mujeres bien comportadas rara vez hacen historia”, es su máxima.

La sentencia del aborto

La Corte Constitucional despenalizó parcialmente el aborto en Colombia a través de la Sentencia C-355 de 2006, en la que reconoció el derecho de las mujeres a interrumpir su embarazo en tres casos concretos: cuando el embarazo constituye un peligro para la vida o la salud; si existe una grave malformación del feto que haga inviable su vida, y cuando el embarazo es producto de un acto sexual o una inseminación sin consentimiento o de incesto.

Antes de la decisión del alto tribunal, que fue votada 5 a 3 entre los magistrados, cualquier mujer que abortara, sin importar las circunstancias que rodearan su caso, enfrentaba una pena de entre uno y tres años de cárcel. Se calcula que en los años previos al fallo, en Colombia se realizaban alrededor de 400 mil abortos clandestinos anuales, que ponían en alto riesgo la vida de las mujeres y le podían acarrear al sistema de salud mucho dinero por cuenta de enfermedades derivadas de estos procedimientos.