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En los próximos días iniciará en la Sala Plena del Consejo de Estado el estudio de la ponencia que pide tumbar la sanción disciplinaria emitida en el 2004 por la Procuraduría General en contra del entonces ministro del Interior y de Justicia, Fernando Londoño Hoyos. El jefe de la cartera política durante el primer gobierno de Álvaro Uribe Vélez fue destituido e inhabilitado por 15 años para ejercer cargos públicos por incurrir en un conflicto de intereses y abuso de autoridad.
En el documento, que ya se encuentra en el despacho de cada uno de los magistrados del alto tribunal, se manifiesta que el órgano de control disciplinario no demostró la existencia de un interés particular por parte de Londoño Hoyos. En el fallo de la Procuraduría General se estableció que el entonces ministro había fungido como abogado de un consorcio que tenía un contrato con el Estado.
Para el Ministerio Público, Londoño Hoyos fungió en 1997 como apoderado del consorcio italiano Recchi, que tenía un contrato para la construcción de un tramo de la vía Bogotá-Villaviencio. Cuando se presentó un conflicto de intereses la contratista presentó una acción judicial en contra de la Nación. En su momento el abogado sugirió la conformación de un tribunal de arbitramento.
El mismo condenó a la Nación al pago de una multa de 13.958 millones de pesos, decisión que fue confirmada por el Consejo de Estado. Tiempo después, Londoño Hoyos, ya como ministro del Interior intervino directamente ante el Ministerio de Transporte y el Instituto Nacional de Vías (Invías) para que el Estado le cancelara la deuda al consorcio italiano. En el fallo emitido por la Procuraduría General se manifiesta que el exjefe de la cartera política incurrió en un conflicto de intereses puesto que recibió sus honorarios como abogado y luego intentó presionar el pago de la deuda existente.
Debido a esto, sostuvo el fallo disciplinario, Invías expidió la resolución No. 5257 que ordenó el pago de la multa interpuesta por la justicia administrativa. Sin embargo, el magistrado ponente no está de acuerdo con las citadas conclusiones y le pidió a la Sala Plena anular la sanción interpuesta en contra de Londoño Hoyos.
En este sentido argumenta que no se presentó un conflicto de intereses sino que el exministro intentó proteger el interés público. Por esto mismo le pide a los magistrados que tumben la inhabilidad y anulen la misma del sistema de registro de antecedentes disciplinarios.
En contra del exministro del Interior existe otra sanción disciplinaria de 12 años de inhabilidad para ocupar cargos públicos por acusar públicamente a un juez de la República de tener nexos con el Cartel de Cali comandado por los hermanos Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela. Esta decisión del entonces procurador Edgardo Maya Villazón ya fue ratificada por el Consejo de Estado.