Ponencia pide tumbar topes en reparaciones a víctimas

La propuesta es del magistrado Alberto Rojas. En esencia advierte que imponer dichos topes contradice el derecho a la reparación integral.

El magistrado de la Corte Constitucional Alberto Rojas Ríos está convencido de que cuando el Estado es responsable, por acción u omisión, de graves violaciones de derechos humanos o de infracciones al derecho internacional humanitario, la reparación a las víctimas no puede resolverse aplicando simplemente una fórmula matemática con una tabla de valores calculados por delito. Por eso les pedirá hoy a sus colegas de la Corte que tumben esos montos fijados por la Ley de Víctimas de 2011 (ver infografía) y que sean los jueces quienes determinen la reparación teniendo en cuenta la magnitud del daño ocasionado.

En una ponencia de 372 páginas, conocida por El Espectador, Rojas sostiene que imponer un tope a los montos de indemnización de las víctimas -cuando éstas acuden a los jueces- es inconstitucional, pues contradice su derecho a la reparación integral y resulta contrario a las obligaciones de un Estado. Hoy hay registradas 7’712.014 víctimas del conflicto armado en Colombia. Si se aprueba la tesis de Rojas, todas estas víctimas podrían solicitar una reparación por vía judicial, aunque según las cuentas de la Unidad de Víctimas, el 99% está reclamando sus derechos por vía administrativa.

La ponencia estudió la evolución en Colombia y en el mundo del concepto de reparación integral como un derecho fundamental para las víctimas. En ese contexto advierte que la responsabilidad civil se funda sobre un principio esencial: la equivalencia entre los daños ocasionados y la reparación que se debe otorgar, esto es, indemnizar la totalidad de los daños padecidos sin que se puedan superar sus estrictos límites. “La obligación de reparar es un deber específico que deriva de la obligación general, en cabeza del Estado, de garantizar los derechos humanos”, asegura el documento.

Luego de analizar distintos fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Naciones Unidas o los Tribunales Internacionales para la antigua Yugoslavia o Ruanda, el magistrado Rojas señala que “imponer límites a la reparación integral por vía administrativa a las víctimas de daños causados por crímenes de lesa humanidad, como tortura, genocidio, desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales y violaciones, o cuando concurran en una misma víctima varios de estos hechos y sean atribuibles a agentes del Estado, genera una carga desproporcionada y desconoce el principio de no repetición”.

En ese escenario, para el magistrado Alberto Rojas el inciso de la Ley de Víctimas que impuso topes para la reparación a las víctimas debe ser declarado inconstitucional. En concreto, cuando estas reclamaciones se hacen por vía judicial. Hoy, por ejemplo, según esta norma, a familiares de víctimas de homicidio, desaparición forzada o secuestro se les pagan unos $25 millones; por tortura o delitos contra la libertad sexual, unos $19 millones, y por desplazamiento forzado casi $11 millones. Dichos montos se establecieron con el fin de reparar a más de 7 millones de personas. Para tal fin hay una partida presupuestal de $55 billones, que deberán ser ejecutados antes de 2021.

Según la ponencia que hoy debatirá la Corte Constitucional, estos topes resultan violatorios. Además, las reparaciones por vía administrativa y por vía judicial son complementarias. Lo cual significa, ni más ni menos, que aunque la mayoría de las víctimas acreditadas por el conflicto sólo estén pidiendo una reparación administrativa, también podrán acudir ante los jueces para que éstos calculen la reparación integral que se merecen por el daño causado. Actualmente por vía judicial apenas se tramitan unos 4.000 expedientes. Para Rojas, está claro, el argumento menos válido es que plata no hay. En su ponencia lo que reivindica son los derechos de las víctimas.

Pero, ¿cómo conciliar esa reparación integral que realmente merecen 7,7 millones de víctimas con el presupuesto general de la Nación en estos tiempos de escasez? El Espectador consultó a la subdirectora de la Unidad de Víctimas, Iris Marín Ortiz, quien señaló que si se caen estos topes se generarían falsas expectativas en las víctimas porque el Estado no va a tener la capacidad fiscal de repararlas a todas en proporcionalidad con el daño sufrido. Al final, el efecto práctico es que los perpetradores directos de estos crímenes (guerrillas, paramilitares o agentes del Estado) van a resultar eximidos de su obligación de reparar y aquello lo va a tener que asumir el Estado con los impuestos de la gente”.

La controversia adquiere mayor importancia si se tiene en cuenta que en desarrollo de la Ley de Justicia y Paz los comandantes paramilitares entregaron bastante menos de sus fortunas calculadas mientras hoy se negocia en Cuba un acuerdo de justicia transicional para acabar el conflicto con las Farc. ¿Se repetirán los errores de la negociación con los paramilitares en materia de reparación integral a las víctimas? Para la subdirectora Marín Ortiz, hay otra dificultad que se avizora en relación con la ponencia del magistrado Rojas: “Aunque la gente acuda a los jueces, sus casos se puede demorar años y al final es bastante probable que tampoco existan los recursos para que se reparen como responde”.

Al final de cuentas, pasadas las negociaciones o las ventoleras de la paz, las víctimas sólo esperan la verdad y la reparación. Lo demás es política e historia. La controversia será estudiada hoy por la Corte Constitucional.