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La sección primera del Consejo de Estado, en un auto que tuvo como ponente a la magistrada María Elizabeth García, negó las medidas cautelares que había pedido la Gobernación de Antioquia, en cabeza de Luis Pérez, para que se revisara la delimitación de corregimientos de Belén de Bajirá, Nuevo Oriente, Blanquicet y Macondo. La petición la hizo el gobernador Pérez para reclamar soberanía sobre los corregimientos, luego de que el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac) publicó un mapa en el que ubicó a estos territorios en el Chocó.
En otras palabras, esta decisión significa que, mientras el Consejo de Estado toma una decisión de fondo sobre el tema, Belén de Bajirá, Nuevo Oriente, Blanquicet y Macondo seguirán siendo corregimientos chocoanos. Según la decisión del alto tribunal, en este proceso en el que la Gobernación de Antioquia demandó al Igac, todavía no hay suficientes pruebas ni elementos de juicio para resolver uinas medidas cautelares como las que había pedido el gobernador Pérez quien pedía recovar el auto mediante el cual el Instituto publicó el mapa con el cambio de jurisdicción territorial.
"De tal manera que en este estado del proceso no existe certeza acerca de la situación jurídica en la que están los Departamentos de Antioquia y Chocó en relación con sus límites, Por lo que es menester determinar si se está frente a lo que se ha denominado como límite dudoso, o si de acuerdo con la actuación administrativa se trata de una certificación del límite", dice el auto mediante el cual el Consejo de Estado comunicó su decisión.
La disputa entre la Gobernación y el Igac comenzó el 9 de junio de 2017, cuando el Instituto publicó el mapa de la discordia. Sin embargo, la discusión sobre si estos territorios son antioqueños o chocoanos tiene mucho más tiempo. Entre 2002 y 2007, el caso fue discutido en la plenaria del Senado para que allí se tomara una decisión, pero esto nunca ocurrió y, dice la demanda, quien debe tomar una determinación de este tipo es el Senado y no el Igac.
Por su parte, el Instituto explicó que la solicitud de medidas cautelares que hizo la Gobernación no está sustentada en argumentos válidos y que "la solicitud de suspensión de los efectos del mapa, no está soportada en argumentos que den cuenta de su nulidad, aunado al hecho de que el mapa no es un acto administrativo y, por ende, no es susceptible de control de legalidad, pues se trata de un dibujo de los parámetros señalados por el legislador", dice la providencia judicial.
Así las cosas, el Consejo de Estado pasa a revisar la demanda de fondo para establecer si el Igac se equivocó a la hora de localizar a Belén de Bajirá, Nuevo Oriente, Blanquicet y Macondo en Chocó y no en Antioquia.