Stella Durán y 12 funcionarios del Invima fueron capturados por red de corrupción

El anuncio de las capturas lo hizo el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, al lado del director del Invima, Javier Humberto Guzmán. / Fiscalía

Durante la tarde de este 29 de agosto, funcionarios del CTI de la Fiscalía llegaron a varias sedes del Invima en Bogotá y capturaron a 12 trabajadores de la entidad que se encarga de la vigilancia de los medicamentos en el país. Las órdenes de captura se realizaron por cuenta de una investigación de la Fiscalía que arrancó en 2017 y que mostraría la existencia de una red de corrupción dentro de la institución que, a cambio de dinero, habrían modificado los permisos que tenían varios medicamentos, suplementos dietarios y productos de belleza, para ser comercializados en el país.

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Según la investigación, le red se encargaba de agilizar la expedición de registros sanitarios para que los productos salieran al mercado. Por si fuera poco, los funcionarios de la red habrían falsificado varios de estos documentos, “lo cual ha permitido que los colombianos adquieran estos elementos sin conocer su composición real, lo que representaría un atentado contra la vida de los consumidores”, aclaró la Fiscalía, quien agregó que, para su trabajo, fue clave las denuncias que hizo el director del Invima, Javier Humberto Guzmán, y de las alertas de varios funcionarios de la entidad.

Para lograr las órdenes de captura, el ente investigador interceptó más de 100 líneas telefónicas que le permitieron rastrear a los integrantes de la red que organizaron su trabajo ilegal en varias tareas específicas. Unos se encargaban de falsificar los registros sanitarios, otros de alterar los sistemas de información, lo que ha permitido que en el mercado actual haya productos que no tienen el control estatal. Además, había quienes falsificaban estudios de estabilidad de medicamentos, quienes cobraban sobornos a cambio de modificar multas que imponía el Invima y unos más que realizaban auditorias previas a las oficiales para garantizar el buen desempeño.

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Para acceder a los servicios de esta red, las tarifas también eran muy clara. A cambio de la renovación de un registro sanitario, cobraban $750 mil; por la venta de estudios de estabilidad de productos, en donde se certifica la duración del principio activo del medicamento, la red pedía $2 millones. Y, por los servicios de auditoría previa a los oficiales, el servicio costaba $14 millones, pero sin tiquetes ni viáticos. Los 12 detenidos pertenecían a las direcciones de registros sanitarios, medicamentos y productos biológicos, dispositivos médicos y control disciplinario y deberán responder por los delitos de concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos, cohecho propio y falsedad ideológica en documento público.

Además de estas capturas, el CTI, con el apoyo del Gaula Militar, capturó a una supuesta tramitadora y a una empresaria de productos de belleza, Stella Durán, quienes deberán responder por los delitos de cohecho por da u ofrecer, concierto para delinquir, falsedad ideológica y enriquecimiento ilícito de particulares. En medio de estas capturas, todavía hay un empresario propietario de laboratorios en Medellín y en Bogotá que está prófugo, y la Fiscalía adelanta varios allanamientos en diferentes ciudades del país para determinar cuánto dinero recibieron los empresarios con documentos y trámites falsos.

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La Fiscalía ya tiene claro cuáles fueron los medicamentos y productos que están en el mercado sin tener los permisos al día. La lista es: Incla (antibiótico), Bactiflox (antibiótico), Duoartril en tabletas (antihipertensivo), Helmintaz tabletas (antiparasitario), Nimeflex (antiinflamatorio), Renilax tabletas (desloratadina) y Bactrogyn óvulos. En cuanto a los suplementos dietarios y productos de belleza, el ente investigador tiene identificados los nombres de: Abexine, un gel que se utiliza para tratar dolencias derivadas de la artritis y la osteoartrosis, el Fattache, fibra utilizada para la supuesta pérdida de peso, y Canna Pain crema y parches.

“El fiscal de conocimiento ha dispuesto la compulsa de copias para iniciar el proceso de extinción de dominio tanto a los empresarios y laboratorios involucrados, como a los funcionarios que se lucraban de la actividad criminal”, concluyó el ente investigador.