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La Contraloría imputó cargos fiscales al exgobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo Gnecco, con la suma de $630 millones por posibles irregularidades en la ejecución del Programa de Alimentación de Escolar (PAE) en el segundo semestre de 2015, en dicho departamento.
El contrato se suscribió el 21 de agosto de 2015 por un valor de $17.145 millones y debía ser ejecutado en 59 días. El contrato planteaba beneficiar a niños de la áreas rural y urbana del departamento del Cesar. Sin embargo, la entidad de control encontró presuntas irregularidades por la sobreestimación en el valor del negocio del contrato.
La Contraloría explico que para la operación del PAE en el departamento del Cesar, durante los años 2014 y 2015, se unieron recursos del Ministerio de Educación Nacional, transferidos mediante un convenio suscrito con la Gobernación. Sin embargo, según explicó la entidad de control, el departamento no cumplió con dicho esquema y por el contrario, elaboró una estructuración para determinar el valor de la ración, costos que fueron sobreestimados.
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“El gobernador para la época de los hechos, Luis Alberto Monsalvo Gnecco, al delegar en el Secretario General la ordenación del gasto, tenía el deber legar de vigilancia sobre las actuaciones del delegatario, sumado a que al suscribir el contrato de aporte con el Ministerio de Educación Nacional, conocía de antemano, los valores estipulados, por lo que debió estar atento a la planeación efectuada por sus subalternos, para la destinación y mejor aún especificación en los gastos de los recursos del PAE”, señaló la Contraloría en un comunicado de prensa.
En el proceso también se involucró al Secretario General del Departamento en esa época, Jaime Luis Fuentes Pumarejo, quien suscribió el contrato correspondiente y hoy continúa en este cargo. Igualmente, el Secretario de Educación departamental de entonces, Jorge Eliécer Araujo, quien hoy también desempeña este cargo. Finalmente, fue también imputado el contratista al que se le adjudicó el contrato para la operación del PAE.
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