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La justicia a la que fue esquiva por más de siete meses el exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons, logró sentarlo en el banquillo de los acusados para que responda por el robo de las regalías de Córdoba. Las irregularidades, según la Fiscalía, habrían comenzado a gestarse en el segundo semestre del 2011, se extendieron hasta 2015, y le habrían costado al erario al menos $87.000 millones. Por ahora, la Fiscalía sostiene que de ese dinero el exgobernador se apropió de $8.900 millones de los contratos del sistema general de regalías del Fondo de Innovación, Ciencia y Tecnología en Córdoba durante su administración.
El plan para lograr el desfalco al departamento, según el fiscal tercero delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Jaime Camacho -el mismo que le imputó cargos al exmagistrado Francisco Ricaurte-, se orquestó en compañía del senador Musa Besaile y otro político, cuyo nombre no fue revelado. La Fiscalía agregó que el congresista, hoy prófugo de la justicia, no fue la única persona que participó del millonario desfalco a Córdoba.
"Usted fue elegido como gobernador para el período constitucional de 2012 a 2015 y, en desarrollo de un acuerdo existente entre el senador Musa Besaile y otro, en la ciudad de Montería, por lo menos desde el segundo semestre de 2011, usted, Alejandro Lyons, Jesús Eugenio Henao Sarmiento, Maximiliano García Bazanta, (Jairo) Alberto Zapa Pérez, Sami Spath Storino, Carlos Pérez, Misael Herrera, Elmer Elías Chapman y otros ciudadanos se concertaron con la finalidad de cometer delitos indeterminados contra la administración pública".
Lyons huyó a Estados Unidos en abril de este año, justo antes de la audiencia de imputación de cargos en su contra que estaba programada y anunciada. Ya aceptó ser testigo clave de la Fiscalía y de la DEA contra el exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno. Asimismo, tendrá que culminar la colaboración con la Fiscalía en el caso del cartel de la toga, el mayor escándalo de corrupción que haya enfrentado la justicia colombiana.
Con la audiencia de ayer se confirmó que Lyons firmó un preacuerdo con la Fiscalía, por el cual aceptará el delito de concierto para delinquir simple, por el que pagaría una pena de 5 años y dos meses de prisión y se compromete a devolver $4 mil millones. El preacuerdo aún no se ha presentado ante un juez, quien tendrá la última palabra con respecto a la negociación. Además, se firmó un principio de oportunidad de colaboración con la justicia por los delitos de celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación.
Ese principio de oportunidad significa que se suspenden los procesos que se le están adelantando, y a cambio Lyons se compromete a declarar y entregar las pruebas en contra del senador Musa Besaile por su presunta participación en el saqueo de las regalías de Córdoba y en el cartel de la hemofilia. También tendría información concreta contra el senador en relación con el cartel de la toga, dado que del robo a las finanzas de Córdoba habrían salido $600 de los $2.000 millones que el senador admitió haber pagado al exfiscal Luis Gustavo Moreno, y en contra del expresidente de la Corte Suprema, Camilo Tarquino, quien le habría solicitado $20.000 millones para resolver a su favor el proceso por el desfalco.
De igual forma, la defensa del exgobernador de Córdoba, el abogado Darío Bazzani, explicó que cuando termine el proceso de negociación de Lyons en Estados Unidos, regresará al país y se pondrá a disposición de la justicia colombiana para cumplir la pena que se le imponga. Para que esto sea una realidad, la Fiscalía deberá presentar el preacuerdo ante la Corte Suprema de Justicia para su aval, en la que se verificará que se cumpla la reparación a las víctimas, que Lyons no esté bajo ninguna presión y que no se viole ningún parámetro de la Constitución. El principio de oportunidad se presentará ante el Tribunal Superior de Bogotá.
Detalles de la audiencia
Para llegar a este punto, era necesario hacer la audiencia de imputación de cargos que tuvo lugar ayer, en la que se reveló todo el plan criminal para el desfalco al departamento de Córdoba. Según el fiscal del caso, para cometer estos ilícitos, el exgobernador Alejandro Lyons buscó asesoría en la Universidad del Sinú, con Mara Graciela Bechara: "A finales de 2011 (Bechara) le presentó (a Lyons) al docente Jairo Zapa Pérez, y con él comenzó a gestar la manera de apropiarse indebidamente de los dineros del Estado, actividad a la que se sumaron luego otras personas", señaló el delegado del ente investigador.
Zapa fue contratado por la Gobernación de Córdoba para asesorar en temas de regalías y lograr la aprobación de proyectos de Colciencias. Luego, Lyons lo nombró director departamental de regalías. También buscaron a personas y entidades para dar validez a los contratos, para lo cual, según lo Fiscalía, se contrató a Jesús Henao Sarmiento y a Luis Enrique Vega González con la Corporación Nacional de Investigación y Fomento Forestal y se sumaron la Corporación de Áreas Naturales Protegidas, la Fundación Conservación y Desarrollo Forestal y la Fundación Para el Conocimiento y Desarrollo de la Diversidad Biótica de Colombia. “Todas las corporaciones mencionadas fueron finalmente cooperantes en convenios relacionados con el objeto de apropiación”, dijo el fiscal Jaime Camacho.
De esta forma, explicó el organismo investigador, se logró en diciembre de 2012 la aprobación de diez proyectos por Colciencias y se constituyó un centro de investigación y enseñanza en 2013 como entidad sin ánimo de lucro. Según el fiscal, esas decisiones fueron para “analizar los dineros de los convenios y encubrir su salida a través de convenios y subcontratos con las entidades cooperantes”.
Así las cosas, según la Fiscalía, se acordó entre Lyons, Zapa y Henao el pago del 30 % del total de cada convenio, siendo 22 % para el exgobernador y el 8% para Zapa. Estos pagos se hicieron en efectivo y en cajas de cartón. “Garantizados los pagos se dio vía libre a los convenios, con cargo al sistema de regalías, Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación, con las entidades previamente escogidas”, dijo el fiscal del caso.
De acuerdo con las cifras que presentó el fiscal Jaime Camacho, se firmaron cinco contratos. El 733 de diciembre de 2013 por $16.000 millones; el 734 de diciembre del mismo año por $47.000 millones; el 750 por $2.996 millones; el 755 por $7.600 millones; y el convenio 735 por $14 mil millones. En total, unos $87.000 millones, de los cuales se habrían destinado para la corrupción más de $26.000 millones. Con respecto a Lyons, al parecer, la Fiscalía solo ha logrado rastrear $8.950 millones que habrían llegado a sus manos.
El primer pago de ese dinero, aseguró el fiscal Camacho, se realizó en febrero de 2014 en Isla Fuerte (Córdoba), donde se acordó que Jairo Zapa, asesinado el 27 de marzo de ese mismo año, sacara la plata del banco y le entregara a Lyons en cajas de cartón un monto de $5.000 millones. Luego de que se denunciara la desaparición de Zapa -cuyo cuerpo fue hallado en un predio vecino a una del padre de Alejandro Lyons-, se hizo otra reunión entre Lyons y Jesús Henao Sarmiento Henao para acordar el segundo pago, el cual debía realizar Sami Spath. Así se cancelaron los $3.950 millones restantes.
Los detalles que quedaron de la audiencia indican que sobre la participación de Lyons en ciertos delitos aún hay mucha tela por cortar. Y que la Fiscalía debe resolver muchos interrogantes sobre el asesinato de Jairo Zapa.