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Judicial 10 Jul 2013 - 10:56 pm

La aseguradora ha dicho que los contratistas no quieren devolver plata

¿Preacuerdos sin reparación?

Segurexpo, la entidad que ha pagado casi $86 mil millones al IDU por el carrusel de la contratación, es la principal opositora a que se avalen los preacuerdos de Julio Gómez y Emilio Tapia.

Por: Santiago Martínez Hernández
En Twitter: @santsmartinez
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Federico Gaviria aceptó cargos ayer por el delito de cohecho. / Óscar Pérez

La Fiscalía abrió un nuevo episodio del carrusel de la contratación, específicamente por el tema del contrato de prestación del servicio de ambulancias que tenía un valor de $67.000 millones. Uno de los eslabones era Federico Gaviria, miembro de Unión Temporal Transporte Ambulatorio de Bogotá —que se ganó la jugosa licitación— y quien aceptó cargos por el delito de cohecho por dar u ofrecer.

Esto significa que será condenado a una pena no mayor a cuatro años de prisión.Gaviria es señalado de haber estado a cargo de modificar los pliegos de condiciones que beneficiaron al consorcio ganador y de destinar el 9% del contrato para pagar las comisiones que se distribuyeron entre funcionarios de la Secretaría de Salud, el exsecretario de Salud Héctor Zambrano y Emilio Tapia.

Asimismo, la Fiscalía intentó presentar un principio de oportunidad para Gaviria por el delito de celebración indebida de contratos. Sin embargo, la posibilidad de que el contratista se convirtiera en otro de los testigos del carrusel no se materializó, ya que la jueza 65 de garantías se negó a avalar el principio. Las razones se desconocen porque la audiencia fue a puerta cerrada.

Al tiempo que la Fiscalía abre este nuevo episodio, está luchando para sacar adelante los preacuerdos de dos de las fichas claves en el cartel de la contratación: Julio Gómez y Emilio Tapia. Las maromas que han tenido que realizar los fiscales del caso no dejan de generar dudas en la aseguradora del Estado, Segurexpo. El pasado 26 de junio, mientras la Fiscalía buscaba que un juez diera el aval al preacuerdo de Gómez, Segurexpo solicitó ser acreditada como víctima del contratista porque, según su abogado, Mauricio Pava, ha sido la aseguradora la que ha pagado los platos rotos del carrusel ya que ha desembolsado $86.600 millones por concepto de pago de pólizas de seguros de los contratos que desangraron al Instituto de Desarrollo Urbano (IDU).

La defensa de Gómez y la Fiscalía se opusieron a tal reconocimiento alegando que contra Segurexpo no se produjo ningún daño, ya que su deber como aseguradora era retribuir el pago de esos contratos. Estos argumentos fueron acogidos por la jueza 40 de conocimiento, pero la decisión fue apelada por Pava y el veredicto final lo dará el Tribunal de Bogotá en los próximos días.

La importancia de la aprobación del preacuerdo de Gómez, pieza clave para armar el rompecabezas de la corrupción del carrusel, es que el contratista ha vinculado a más de un concejal que sacó “mordidas” de los jugosos contratos de reparación en la malla vial y la Fase III de Transmilenio. Además es uno de los testigos principales en los procesos que se adelantan contra los hermanos Moreno —el exsenador Iván y el exalcalde Samuel—, y estaría dispuesto a contar cómo se fraguó esta alianza criminal desde la época de la administración de Lucho Garzón.

Las pretensiones de Segurexpo no son más, dice su abogado, que “proteger la inversión pública que se vio afectada con el pago de los dineros del carrusel, porque quien finalmente ha pagado la corrupción hemos sido nosotros con dineros del Estado. Lo que se traduce en dinero de los colombianos (...) ayudar a la Fiscalía no se puede volver un negocio rentable, en términos económicos, porque sería premiar la corrupción”.

En pocas palabras, Segurexpo ha dicho que se opone al preacuerdo porque considera que la Fiscalía y los jueces han desconocido la filosofía de la justicia consensuada, ya que no se están devolviendo los incrementos patrimoniales criminales. “No queremos una sanción simbólica”, dijo Pava refiriéndose a que el ente investigador tiene una tesis “particular y paradójica” al decir que las inversiones que hicieron en las obras públicas —al parecer con los pagos que hizo la aseguradora— son el reintegro de recursos.

Para ser claros, la Fiscalía dijo en un principio que el detrimento patrimonial que causaron los primos Nule en el contrato 137 de 2007 —Fase III de Transmilenio— fue de $44.000 millones. Pero en el caso de Gómez, involucrado en este mismo caso, se dijo que los $1.750 millones que se le dieron de anticipo al contratista y que no se utilizaron en el marco del contrato fueron amortizados a través de la ejecución de la obra con dineros de los Nule. A esta hipótesis se suma la defensa de Gómez, la cual agregó que Segurexpo nunca pagó el dinero del anticipo de su defendido, quien además no tuvo una participación directa con el Distrito en la ejecución de los $44.000 millones.

Contraria a estas afirmaciones, la teoría de Segurexpo es que los Nule terminaron pagando los recursos de los que Gómez se había apropiado, sin que éste pusiera un peso. Agregó que este contrato ha tenido que desembolsar $69.200 millones. Asimismo, dice Pava, sucedió con el contrato 071 de 2008 por el que la aseguradora del Estado ha retribuido $17.200 millones.

Segurexpo dijo también que el Tribunal de Bogotá ya había advertido sobre esta situación la primera vez que se negó a validar el preacuerdo de Gómez con el ente investigador, en noviembre de 2012, porque no se estableció el monto real del dinero apropiado y, en consecuencia, el contratista nunca entregó el incremento patrimonial criminal adquirido. Otro de los impedimentos, dice el abogado Pava, es una jurisprudencia de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, la cual establece que al hacerle el pago al afectado el asegurador se hace acreedor a su posición de víctima.

En palabras de Pava, Segurexpo, a pesar de no haber sido afectada directamente, se hace acreedora a los dineros de los que se apropió Gómez. En su defensa, el arquitecto Julio Gómez dijo que tiene en su poder dos documentos de la Procuraduría y la Contraloría que certifican que él no tuvo ninguna participación en los contratos de Transmilenio.

“Estos grandes empresarios y contratistas —que el día de mañana pueden continuar en la contratación pública en cuerpo ajeno— van a quedar con los capitales que obtuvieron de las conductas ilícitas que públicamente han reconocido ser los responsables. Si aceptamos este acuerdo, estamos siendo consecuentes con sus estrategias de conservar los patrimonios que adquirieron de manera ilegal”, concluyó Mauricio Pava.

El próximo 26 de julio la Fiscalía presentará el preacuerdo al que llegó con Emilio Tapia, quien fue uno de los primeros en aceptar su participación en el carrusel. Sin embargo, la aseguradora ha manifestado que se negará a cualquier negociación de Tapia si no se establece el monto real que obtuvo gracias a este desfalco.

En respuesta a los argumentos de Segurexpo, el abogado de Tapia, Alberto Yepes, dijo que “una aseguradora precisamente es la que cubre riesgos y en todo contrato. Por ello la administración pública obliga a que se contraten asegurados. En ese caso, ellos no son víctimas. No pueden pretender que cada que les toque cubrir riesgo sean declarados víctimas. No me parece que el tema venga a bien en este momento. Es una buena manera de afectar el proceso y que no se firmen los preacuerdos”.

Yepes agregó que su defendido no es contratista y por lo tanto no hizo parte de ningún contrato. “Si la Fiscalía no prueba que hubo un peculado no tiene por qué haber reintegro, y en nuestro caso no hay de por medio un peculado y no puede exigirse un reintegro. estamos optimistas con que eso se va a resolver bien”, puntualizó el abogado de Tapia.

La Fiscalía seguirá buscando la forma de amarrar a estas personas para que colaboren con la justicia pues son ellos quienes conocen cómo se desangró al Distrito. Son varios frentes de batalla los que tiene que atender, en un principio con los preacuerdos de Gómez y Tapia y finalmente con el principio de oportunidad para Gaviria.

smatinezh@elespectador.com

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