“No hay duda de que lo que buscan es volver un asunto político lo que en realidad es una sentencia judicial. El objetivo es tratar de restarle credibilidad a la Corte Suprema de Justicia para hacer creer en escenarios internacionales que la condena contra dos exministros y un exsecretario general de la Casa de Nariño por el expediente de la yidispolítica es una persecución judicial. Todo lo contrario. Se constató que se cometieron delitos para aprobar la reelección presidencial inmediata”. Esto dijo una persona muy allegada a la Corte en respuesta a los requerimientos que ha venido formulando desde hace dos meses la senadora uribista Paloma Valencia.
Pocas horas después de conocerse la condena contra los exministros Sabas Pretelt de la Vega, Diego Palacio Betancourt y del exsecretario Alberto Velásquez Echeverry, sentenciados los dos primeros a 80 meses de prisión y el último a 60 meses, el 15 de abril de 2015, el partido Centro Democrático respaldó las actuaciones de estos exfuncionarios y reivindicó la tesis de una persecución política contra el uribismo. Desde entonces Paloma Valencia ha requerido información a la Corte Suprema a través de varios derechos de petición enfocados sobre todo en los cinco conjueces que fallaron la condena de la yidispolítica.
El pasado 21 de mayo, la senadora Valencia le dirigió un derecho de petición al presidente de la Sala Penal de la Corte, magistrado José Luis Barceló. En ese documento le formuló diez preguntas, entre las cuales figuraba, entre otras, describir el proceso de selección de los conjueces Luis Bernardo Alzate Gómez, Abel Darío González, William Monroy Victoria, Luis Gonzalo Velásquez y Julio Andrés Sampedro. Todos ellos votaron por la ponencia del magistrado Barceló que pidió la condena de los alfiles uribistas por comprar las conciencias de dos parlamentarios para aprobar como fuera la reelección presidencial.
Valencia también pidió describir cómo fue el proceso de selección de estos cinco conjueces, cuántas veces habían sido reelegidos para tal función y quién los postuló en la Sala Penal. Asimismo, solicitó copia del reglamento interno de la Corte, preguntó si alguno de esos conjueces ha llevado negocios como abogado ante la Corte y de ser así cuántos. Aun más, solicitó el nombre del magistrado ponente de cada uno de los procesos que llevan estos conjueces, “dejando claro las fechas en las que cada uno de esos procesos han sido estudiados por la Corte”. Por último, consignó esta pregunta: “¿Pueden los magistrados reunirse con los abogados que llevan procesos frente a la misma Corte?”.
Casi un mes después, el 18 de junio de 2015, el magistrado Barceló le respondió a Valencia sus interrogantes. Además de facilitarle copia del reglamento de la Corte con sus respectivas adiciones, le contestó que a los magistrados les está prohibido conceder audiencias particulares o privadas sobre los asuntos que cursan en sus despachos. Sobre los conjueces, Barceló manifestó que estos se escogen de una lista propuesta por ese alto tribunal, que los elegidos reúnen los requisitos constitucionales para tal fin, que la Sala Penal por mayoría de votos nombra a los conjueces que se requieran para fallar un expediente y que el sorteo de los mismos se hace a través de los sistemas automáticos de gestión y reparto del alto tribunal.
A renglón seguido explicó el magistrado Barceló los detalles de cada uno de los cinco conjueces. De Luis Bernardo Alzate relató que desde 1996 oficia como tal y que ha sido elegido en veinte oportunidades. Sobre Abel Darío González, que desde 2008 integra el listado de conjueces y que ha sido elegido en ocho ocasiones. De William Monroy (hoy abogado del gobernador Álvaro Cruz) sostuvo que fue conjuez entre 1995 y 1998 y del año 2000 hasta la fecha, siendo elegido en 19 oportunidades. En el caso de Luis Gonzalo Velásquez, se reseñó que fue conjuez entre 2007 y 2014. Y sobre Julio Sampedro, que desde el año 2011 ha sido elegido conjuez en cinco ocasiones.
Sin embargo, Barceló le contestó a la senadora Valencia que no tenía cómo determinar si estos conjueces habían litigado ante la Corte, en cuántas ocasiones y en qué expedientes, ya que en los sistemas del alto tribunal solo figuran los datos completos del procesado, no los de su apoderado. Al final de las once páginas de su respuesta, el magistrado hizo una relación de todos los magistrados auxiliares de la Corte, de qué despacho dependían y anexó 49 folios con todos los actos administrativos sobre la designación de los cinco conjueces del caso de la yidispolítica.
Cinco días después de recibir el documento, el pasado 23 de junio, la senadora Valencia insistió en que la Corte le contestara si estos cinco conjueces habían ejercido como abogados, directamente o a través de sus oficinas, ante la Sala Penal de la Corte. Y limitó dicha pregunta “al período durante el cual actuaron como conjueces en el proceso conocido como la yidispolítica”. Incluso le sugirió al presidente de la Sala Penal, José Luis Barceló, que remitiera esta pregunta a cada uno de los conjueces en cuestión, para que ellos mismos contestaran en qué casos habían ligitado ante la Corte. “Estoy segura, señor magistrado, de que usted y la Sala de Casación Penal harán todo lo posible para que pueda conocer esta información, pues considero que la misma es muy importante para el trabajo que estoy realizando”, remató la senadora Valencia su insistencia.
El Espectador conoció que Barceló les remitió este interrogante a los cinco conjueces. Uno de ellos, Luis Bernardo Alzate, ya respondió que lleva 35 años como abogado litigante, que no recordaba cuántos casos había llevado ante la Corte, pero sí que en veinte años como conjuez solo había ingresado a ese alto tribunal, además de fallar los casos para los que fue elegido, en dos ocasiones para visitar a sus amigos y compañeros de universidad Carlos Gálvez Argote y Fernando Arboleda. Paloma Valencia le dijo a El Tiempo en mayo pasado lo siguiente: “Me interesa que la gente vaya conociendo lo que hay detrás: una persecución política. Depende de lo que encuentre, de pronto escribo un libro o hago un debate de control político”.
En la otra orilla, otra fuente cercana a la Corte manifestó: “La estrategia del uribismo es tratar de crear la sensación de que en Colombia no tienen garantías para defenderse. Quizá buscan ambientar una demanda ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos de la OEA. Para ello les es muy útil socavar el prestigio del alto tribunal”. Por ahora, la senadora Valencia sigue adelante en su propósito de pedirle cuentas a la Corte, pues está convencida de que el fallo de la yidispolítica no fue imparcial.