Prensa y justicia

Para la Corte Constitucional, “no se vulnera el derecho a la vida, al buen nombre, a la honra y a la imagen propia cuando se proyectan imágenes de la esfera pública y se hacen referencias al desempeño de un funcionario público en labores propias de su cargo”.

Debido al importante rol que desempeñan en la sociedad, los funcionarios públicos están expuestos a constantes requerimientos y preguntas por parte de los medios de comunicación en torno a temas de notorio interés general e incluso al reproche ciudadano a través de programas de televisión, así estos resulten chocantes e irritantes, en este caso a los miembros de la administración de justicia.

En esos términos, la Corte Constitucional resolvió una acción de tutela interpuesta por un fiscal de Medellín contra el programa Séptima Día de Caracol Televisión*, argumentado que su vida corría peligro al ser revelada su identidad y cuestionada su actuación en una investigación penal por el homicidio de dos menores de edad en Medellín, caso que causó conmoción social por la edad de las víctimas y la forma en que fueron encontrados los cuerpos (desmembrados y almacenados en canecas con cemento).

El programa titulado “Borrando la evidencia”, proyectado el 28 de septiembre de 2014, abordó el fatal suceso, ocurrido el 9 de marzo de 2009 en el barrio Boston de la capital antioqueña, y se preguntaba por qué después de cinco años de investigación aún no había sido condenado el responsable del doble homicidio, razones por las que el funcionario fue reprochado por los familiares de las víctimas.

El fiscal fue contactado en su sede de trabajo por un periodista de Séptimo Día, que le trasladó las inquietudes reseñadas en torno al caso. Su primera respuesta fue que por lo complejo de la investigación esta había reasignada a otra fiscal, con lo cual terminó su participación en el asunto. Y aclaró, además, que “como funcionarios no podíamos prejuzgar, quien decide la responsabilidad de un ciudadano es un juez de la República a través de un debido proceso” y que “cualquier información al respecto debía ser canalizada a través de la Oficina de Prensa de la Fiscalía, según directrices del propio fiscal general de la Nación”.

En la tutela, el fiscal buscaba la protección de sus derechos al buen nombre, a la honra, a la vida y a la imagen personal, de manera tal que se ordenase al medio de comunicación eliminar toda alusión a su nombre, imagen y desempeño. El medio de comunicación, por su parte, se opuso a las pretensiones del fiscal señalando “que el canal no requería la autorización del accionante para que su imagen fuera grabada y posteriormente publicada”; y que “los periodistas de Séptimo Día han sido lo suficientemente diligentes en la investigación”.

Al estudiar el caso, en sentencia T-312 de 2015, publicada la semana pasada, la Corte Constitucional fue tajante al afirmar que los medios de comunicación pueden informar guiados por los principios constitucionales de la veracidad e imparcialidad de la información, es decir, obrando sin menosprecio por la verdad, verificando razonablemente el contenido de los artículos periodísticos y que no esté basada en simples rumores; exigencias que cumplía el informe periodístico en cuestión.

También concluyó que “no se vulnera el derecho a la vida, al buen nombre, a la honra y a la imagen propia cuando se proyectan imágenes de la esfera pública y se hacen referencias al desempeño de un funcionario público en labores propias de su cargo”.

En cuanto a los reclamos de las familias de los menores canalizados a través de programas de televisión de investigación, “son completamente legítimos dentro de un régimen constitucional como el de nuestro país, que ha venido reivindicando el valor supremo de la libertad de expresión y la misión que cumplen los medios de comunicación”, indicó el alto tribunal.

* Hace parte del mismo conglomerado de medios al que pertenece El Espectador