El abogado Jaime Granados, defensor de los intereses del presidente de Avianca, Germán Efromovich, radicó denuncia penal en contra de la directora del Incoder, Miriam Villegas Villegas, por su presunta participación en los delitos de prevaricato por acción, falsedad en documento público abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto.
En la acción judicial se indica que el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, ocupó la Hacienda La Gloria, en el departamento del Cesar, y se puso en disposición al programa de reparación de víctimas por lo que le solicitó a la Fiscalía que emita medidas cautelares.
El jurista aseguró que esta Hacienda fue declarada como un lote baldío por parte del Incoder, hecho por el cual se pide que se investiguen estas presuntas irregularidades ya que se habrían utilizado mapas falsos y documentos que no corresponden a la realidad.
“Hacienda la Gloria ha puesto de manifiesto las continuas irregularidades procesales y jurídicas en las que Incoder ha incurrido desde su anunció de ‘recuperación de predios’ en 2011. Sin perjuicio esto, tal entidad decidió alejarse del marco normativo vigente y buena fe administrativa y ahora pretende, con una Resolución abiertamente ilegal, tomar posesión de predios privados en los cuales se desarrolla un proyecto agroindustrial de gran escala”, precisó.
La denuncia va dirigida además en contra de la exsubdirectora de tierras rurales, Jennifer María Mojica Flores y el coordinador de asuntos étnicos de la entidad, Silvio Garcés Mosquera por su participación en las determinaciones en las cuales se “califican como baldíos unos predios que nunca lo han sido, es una propiedad privada y es una verdadera afrenta al derecho de la propiedad privad establecida en la Constitución”.
El abogado indicó que existen pruebas documentales que ya fueron presentadas ante la Fiscalía en las que se permite inferir que estos funcionarios incurrieron en actividades irregulares, aplicando de manera incorrecta la ley afectando así los derechos adquiridos de los inversionistas extranjeros.
“Se introdujeron planos cartográficos que no corresponden a los que tiene el Instituto Agustín Codazzi, esto es muy grave puesto que se trata de una falsificación de mapas en perjuicio de unos particulares”, precisó el jurista al señalar que con este tipo de actuaciones se pone en peligro la inversión extranjera, haciendo referencia al grupo que invirtió más de 100 millones de dólares para la adecuación de estos terrenos para diferentes cultivos.
“Se tienen todos los fundamentos para acreditar la forma en cómo fueron adquiridos estos predios (…) Fueron comprados en el desarrollo del libre mercado y se ejecutó un proyecto productivo”, explicó.
Para Granados, estos funcionarios actuaron de manera arbitraria puesto que estas tierras nunca fueron objeto de despojo “por lo que no se pueden quitar de la noche a la mañana estos predios a sus dueños y entregárselos a otros”.
El jurista indicó que con esta actuación el Incoder pone en riesgo más de 1.100 empleos directos, afectando además las inversiones que han hecho los inversionistas para los proyectos de salud y vivienda para la comunidad.
No se descarta que se presente una queja disciplinaria ante la Procuraduría General de la Nación por estos mismos hechos.