Pretelt y el nuevo frente de batalla: baldíos

Después de Semana Santa el Incoder le pedirá a la justicia que determine si unas propiedades del magistrado Jorge Pretelt en Los Córdobas (Córdoba)
corresponden a acumulación de terrenos baldíos.

Óscar Pérez

Primero fue la denuncia porque el magistrado de la Corte Constitucional Jorge Pretelt supuestamente recibió, pidió o insinuó que quería hacerse a $500 millones a cambio de favorecer una tutela de Fidupetrol. Luego empezaron las investigaciones en la Fiscalía y la Comisión de Investigación y Acusación. Días después el fiscal Eduardo Montealegre anunció que se investigaría si la adquisición de unos predios por parte de Pretelt y su esposa, Martha Ligia Patrón, estaba relacionada con el despojo de tierras que protagonizó el Fondo Ganadero de Córdoba y, por ende, con delitos de lesa humanidad. Y ahora surge un nuevo frente de batalla: la acumulación de baldíos.

El Espectador conoció que, a raíz de las dudas que han surgido sobre las propiedades de Pretelt Chaljub, en la subdirección de tierras del Incoder se pusieron en la tarea de revisar con lupa los folios de los predios que figuran a su nombre y encontraron el viernes pasado que uno de 155 hectáreas y otro de 68 hectáreas inicialmente fueron baldíos. Según fuentes del Incoder, este caso se pondrá en conocimiento de un juez civil en menos de dos semanas para que se determine si Pretelt violó el límite de unidad agrícola familiar (UAF).

Los terrenos, según muestran los registros de instrumentos públicos, están en el municipio Los Córdobas, ubicado a 57 kilómetros de Montería y cuya economía, indica la página web de la Alcaldía, se basa en la agricultura y la ganadería. En esa región, de acuerdo con las normas, las UAF pueden ser de 17 a 23 hectáreas. Partiendo de que Pretelt se habría adueñado de 223 hectáreas que tenían origen baldío, el Incoder estima que el integrante de la Corte Constitucional habría acumulado nueve unidades agrícolas familiares cuando el límite es una.

Según explicaron fuentes del Incoder, Pretelt Chaljub en realidad tiene un predio de 255 hectáreas y 8.612 metros cuadrados (allí cabrían unas 309 canchas de fútbol ajustadas a las medidas máximas de la Fifa) en el que se englobaron tres terrenos, dos de los cuales alguna vez fueron baldíos. El primero, de 155 hectáreas, fue adjudicado por la Gobernación de Córdoba en 1965. El segundo, de 68 hectáreas, fue adjudicado por el Incora (ambos suman 223 hectáreas). El tercero, de 32 hectáreas, es un lote de tradición privada que no presenta objeciones.

Los líos con la tierra

En medio del escándalo que azota hoy a la Corte Constitucional desde que se conoció que el abogado Víctor Pacheco había acusado a Pretelt de pedir un soborno para resolver una tutela, el asunto de las tierras es de gravedad. Hace diez días, Caracol Radio reveló que el magistrado tiene tres fincas (No hay como Dios, Dos Bocas y Alto Bonito) en el Urabá antioqueño, en jurisdicción de Turbo, sobre las cuales pesan reclamaciones de personas que aseguran haber vendido sus propiedades bajo presión de los paramilitares.

En el caso de la finca No hay como Dios, de 66 hectáreas, Caracol Radio señaló que había sido vendida en febrero de 2000 a Evelio Enrique Díaz Yáñez, señalado de ser un paramilitar conocido como el Burro, quien según los registros de instrumentos públicos le vendió el predio a Martha Ligia Patrón, esposa de Pretelt, por $3’700.000 (él la había comprado en $8 millones) y ella a su vez se la vendió a su esposo por $5 millones. En el caso de Alto Bonito, Patrón la compró por $5 millones y la vendió a su marido dos años después por $19 millones.

En este mismo diario, hace unos días, el columnista Gustavo Gallón recordaba que en la finca No hay como Dios vivieron entre 1994 y 1997 los campesinos Alejandro Padilla, su esposa Evangelina Ortega, diez hijos de ambos y algunos nietos. Habían llegado allí luego de que paramilitares de Salvatore Mancuso mataran a tres de los hermanos Padilla Ortega. De No hay como Dios fueron expulsados en 1997 y en marzo de ese año llegaron a zona rural de San Pelayo (Córdoba). Dos meses más tarde las Auc quemaron su casa y asesinaron a don Alejandro, doña Evangelina, una de sus hijas, su yerno y su nieta.

Por estos crímenes, Salvatore Mancuso fue condenado. “¿Podrá acreditar buena fe exenta de culpa quien haya adquirido un predio en medio de este reguero de sangre?”, se preguntaba Gallón.

El pasado jueves 19 de marzo, a las 10:29 de la noche, la oficina de prensa de la Fiscalía envió un mensaje a los reporteros que cubren esta fuente, en el cual indicaba que al siguiente día, a las 6:30 de la mañana, se leería un comunicado del fiscal general Eduardo Montealegre y que a las 9 a.m. iría a interrogatorio el exmagistrado de la Corte Constitucional Rodrigo Escobar Gil por cuenta de las indagaciones que se hacen en relación con el caso Fidupetrol. “Es muy importante el comunicado que leeremos a las 6:30 a.m.”, indicó la oficina de prensa.

El documento decía lo siguiente: que la Fiscalía había solicitado medidas cautelares sobre los predios La Corona y Alto Bonito. Que Pretelt y su esposa habían adquirido esos terrenos entre 2000 y 2003. Que la Fiscalía indagaría si se habían cometido delitos como concierto para delinquir, desplazamiento forzado o lavado de activos. Que el caso se remitiría a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, organismo que investiga a Pretelt. Y que su esposa, Martha Patrón, había sido citada a interrogatorio el viernes 27 de marzo.

Los descargos de Pretelt

Momentos después de que los medios comenzaran a hacer públicas las decisiones de la Fiscalía, el magistrado Jorge Pretelt apareció en el programa noticioso del periodista Julio Sánchez Cristo, en la emisora W Radio. “No había querido salir al aire reflexionando sobre todos los temas que han pasado todos estos días. Pensaba hacerlo con más calma el día martes. Pero hoy quiero informarte a ti, a la opinión pública, que denuncio ante todo el país y ante los organismos internacionales al señor fiscal general de la Nación”.

En palabras de Pretelt, lo que el alto funcionario está haciendo es “acorralamiento”. Y anotó: “Probablemente mi familia salga al exterior, porque no voy a permitir que el señor fiscal Eduardo Montealegre ponga un (dedo) sobre mi señora o sobre alguno de mis hijos (...) Le pido excusas al país por los términos en que le estoy hablando, pero hoy he sentido que se me vino el mundo encima, por el horror de país en que vivimos. Que un fiscal para obligarme a renunciar tenga que llamar a mi esposa por un delito de lesa humanidad”.

Pretelt se fue lanza en ristre contra el fiscal Montealegre, haciendo acusaciones tan graves como las que se han hecho contra él mismo. “El señor Eduardo Montealegre compra conciencias en la Corte Constitucional”, afirmó el magistrado, hablando de nombramientos que Montealegre supuestamente ha hecho o conseguido para familiares de colegas de Pretelt como Gabriel Mendoza, Jorge Iván Palacio o Luis Ernesto Vargas, y recordó que Gloria Ortiz había trabajado de la mano con Montealegre, tanto en su firma como en la Fiscalía.

Uno de los señalamientos más delicados fue éste: “No me convencieron sus invitaciones a su casa, fueron muchísimas. Fueron cuatro, cinco, seis o siete (las veces) que hemos conversado sobre el Marco Jurídico para la Paz. En últimas le manifesté que no daba mi brazo a torcer, que todas aquellas personas que cometieran crímenes de lesa humanidad o de guerra debían tener una pena real y efectiva. Nunca le gustó al doctor Montealegre ese tema (…) Me quiso convencer a mí, en su casa, delante de su señora, Tania, de que por favor colaborara con el proceso de paz”.

En su extensa entrevista, Pretelt dijo del fiscal: “Eso es lo que él quiere. Tomarse a toda costa la Corte Constitucional para hacer a su antojo las decisiones que vienen del proceso de paz (...) A mí me tiene preocupado esta andanada del fiscal y de los ministros Juan Fernando Cristo y Yesid Reyes por sacarme de la Corte”. En entrevista con El Tiempo publicada ayer, Montealegre, que ni negó ni confirmó los nombramientos de familiares de magistrados, le respondió a Pretelt: “Esta afirmación (de buscar sacarlo de la Corte por el tema de la paz) raya un poco en el absurdo (…) Esto sencillamente se llama así: los pájaros tirándoles a las escopetas”.

Sobre el supuesto despojo de tierras en Urabá, Pretelt indicó que nunca había sido notificado de proceso alguno en su contra y que, si se abría una investigación, usaría su derecho a la defensa y si la justicia comprobaba el despojo, devolvería los terrenos. Uno de los grandes interrogantes es por qué hasta ahora la Fiscalía empieza a actuar sobre hechos que ocurrieron hace más de una década. “Es probable que en este caso realicemos una investigación interna para establecer por qué razón, si la Fiscalía tenía conocimiento de estos hechos, no se actuó antes”, expresó el fiscal Montealegre al respecto.

Lo que se avizora en este panorama es una tormenta que no promete despejarse en tiempos cercanos. Falta lo más importante: aclarar, con pruebas irrefutables en mano, si Pretelt recibió un soborno o no, si despojó a campesinos de sus tierras, si acaparó baldíos. Pero también es importante establecer si, como él denuncia, el fiscal y otros magistrados de la Corte Constitucional se han visto inmersos en tráfico de influencias e injerencias indebidas. En resumen, con este caso no está en juego sólo su reputación. Está en juego la institucionalidad entera.