Primeros movimientos en el expediente de Pretelt en la Corte Suprema

En su intervención ante el Senado, Pretelt acusó al exfiscal Eduardo Montealegre de orquestar una persecución en su contra. / Cristian Garavito

Después de que el Senado aceptara la acusación en contra de Jorge Pretelt, magistrado suspendido de la Corte Constitucional, se conoce que el juicio en su contra en la Corte Suprema de Justicia está empezando a tener sus primeros movimientos. La Sala Plena del alto tribunal le acaba de notificar a su abogado, Abelardo de la Espriella que tiene hasta el próximo 13 de diciembre para presentar todas las pruebas para demostrar que Pretelt nada tuvo que ver en un supuesto pago de un soborno para incidir en una tutela. Y además, se conoció el nombre del magistrado ponente que estudiará este caso: José Francisco Acuña.

La historia se remonta a una denuncia que hizo el exmagistrado de la Corte Constitucional, Mauricio González, ante la Comisión de Acusación del Congreso en la que acusó a Pretelt de haber recibido $500 millones a cambio de influir en una tutela para que la empresa Fidupetrol no se viera obligada a pagar $22.500 millones. Vale la pena recordar que el testigo el testigo clave del caso, Víctor Pacheco, abogado de Fidupetrol, confesó los hechos y ya fue condenado. (Lea más sobre este caso aquí)

Pretelt ha insistido que es inocente y que además no existe ni una sola prueba  que que pueda demostrar que sí recibió ese pago. “Ni recibí dinero, ni pedí dinero. Cómo me van acusar si desaparecieron las circunstancias de tiempo, modo y lugar. Dice el acusador que yo soy inteligente y que no dejé huellas. No, señor. Está demostrado en el expediente que no recibí dinero, que no pedí dinero, y que el abogado Víctor Pacheco no estuvo en mi casa”, sostuvo en su intervención ante la plenaria del Sentado a finales de agosto de este año. (Lea más sobre la defensa del exmagistrado Pretelt aquí)

Sin embargo, ese mismo día el Congreso aceptó la acusación en su contra y de inmediato se activó un proceso en la Corte Suprema de Justicia. El Senado, por una parte, está trabajando en el juicio político en contra de Pretelt y la Suprema, por su lado, adelanta un juicio penal por el delito de concusión del que, de ser hallado culpable, podría ser condenado a prisión entre seis y diez años, recibir una multa de 50 a 100 salarios mínimos y quedar inhabilitado para el ejercicio de derechos y funciones públicas por un período que oscila entre cinco y ocho años.