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El proyecto que pretende darle alimento a cinco millones de niños en todo el país nunca había estado en tanto aprietos como en los últimos meses. La Procuraduría viene denunciando la delicada situación en la que se encuentra el Programa de Alimentación Escolar (PAE) por cuenta de irregularidades en la contratación de los servicios, pérdida del dinero destinado a estos contratos y hasta faltas graves por parte de funcionarios públicos que debían trabajar en proteger el derecho a la alimentación de los estudiantes de colegios públicos en todo el país. La Fiscalía, por ejemplo, asegura que la corrupción en el PAE superaría los $140 mil millones.
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Por eso, el procurador Fernando Carrillo le pidió al presidente electo, Iván Duque, que priorice la aplicación de este programa en su gobierno que está a punto de empezar. Para el jefe del Ministerio Público se trata de una “necesidad urgente e inaplazable de enfrentar las complejas dificultades del programa, especialmente la falta de una adecuada financiación que logre el funcionamiento eficaz, oportuno y de calidad, que cierre las puertas a la corrupción y a todas las prácticas que atenten contra los recursos destinados al programa”.
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En la investigación que ha hecho la Procuraduría y que le permite asegurar que la situación es de extremada delicadeza, está el hecho de que existen por lo menos 200 procesos disciplinarios por irregularidad en el PAE, que inclusive han puesto en riesgo a varias entidades territoriales que, por falta de recursos, podría dejarlas sin el servicio durante varios meses. Los casos más preocupantes para el Ministerio Público están en Cúcuta y Soacha, principalmente por el aumento de matrículas de niños provenientes de Venezuela.
En el caso del segundo municipio, por ejemplo, el servicio solo se podrá prestar hasta hoy. Para seguir sin obstáculos, necesita cerca de $5 mil millones. En cuanto a Cúcuta, que atiende a 58 mil estudiantes, entre los que se cuentan cerca de 6 mil nuevos niños provenientes de Venezuela, solo cuenta con contrato para el operador del programa hasta agosto y requiere cerca de $9 mil millones para lograr finalizar el año sin suspender el servicio. “En situación similar se encuentran los departamentos de Guaviare y Vichada”, agregó Carrillo.
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El procurador agregó que la situación de Chocó, en donde hay 105 mil beneficiarios y Antioquia con 204 mil, también genera preocupación porque “a la fecha no se tiene claro cómo se financiará el PAE en los últimos meses del año. Lo anterior, se suma al difícil escenario que presenta el Distrito de Cartagena y el municipio de Montería con 89 mil y 30 mil beneficiarios priorizados respectivamente. En estas entidades territoriales, a pesar de contar con los recursos suficientes, no han concretado la contratación del operador, y en consecuencia, a la fecha no han prestado el servicio de alimentación escolar ni un solo día del presente año”, añadió el Ministerio Público.
La situación actual del PAE, Carrillo le resumió a Duque en una carta de seis páginas. En la misiva, además de pedirle al próximo mandatario que priorice la implementación del programa, el jefe el Ministerio Público le hizo 10 recomendaciones puntuales. Por ejemplo, que avance hacia la universalidad en la cobertura del PAE. “Actualmente el programa tiene una cobertura cercana a los 4.7 millones de beneficiarios, que equivalen al 60% de la matricula oficial. Si bien esto implicaría un gran esfuerzo fiscal, sería una señal contundente del Estado colombiano frente a la realización inclusiva y equitativa del derecho a la educación”, dice una de las recomendaciones.
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Otra de las propuestas es que se “adelanten las reformas legislativas que correspondan para dotar al programa de una asignación estable y regular de fuentes de financiación, que permita plena claridad a las entidades territoriales sobre el recurso disponible para realizar oportunamente todas las gestiones de contratación de los operadores”. Y una más, todavía más urgente: dotar a las instituciones educativas de mejores espacios y equipamientos para que sea posible avanzar o aumentar la cobertura de raciones servidas en sitio.