Procurador General cuestionó decisión de la Fiscalía contra Santiago Uribe

Para el procurador General, Alejandro Ordóñez Maldonado no existe justificación para que la Fiscalía General hubiera dictado medida de aseguramiento contra Santiago Uribe Vélez. Debido a esto presentó un recurso de apelación -el cual deberá ser resuelto por el despacho del Vicefical General- en contra de la decisión que terminó con la captura del ganadero antioqueño el pasado lunes.

Pese a que no puede hacer mención directa al proceso debido a la restricción que establece la ley 600 por medio de la cual se adelanta la investigación contra Uribe Vélez, indicó que la decisión tomada por el ente investigador no cuenta con los requisitos necesarios y los fundamentos probatorios para privar al empresario de su libertad mientras se resuelve su situación jurídica.

Agregó que están evaluando en las próximas horas presentar un recurso de control de legalidad ante un juez especializado para que sea éste el que determine “la legalidad de esta medida”. Actualmente el hermano menor del senador Álvaro Uribe Vélez se encuentra privado de su libertad en los calabozos del búnker de la Fiscalía General. 

Uribe Vélez es investigado por presuntamente haber hecho parte de la conformación y financiación del grupo paramilitar conocido como "Los 12 Apóstoles" en el municipio de Yarumal (Antioquia) durante los años 90. Dicha estructura ilegal es señalada de haber cometido un centenar de homicidios y desapariciones forzadas. 

Por estos hechos el ganadero es indagado por los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir por la conformación de grupos armados ilegales. La Fiscalía General cuenta con tres testigos directos, dos oficiales de la Policía y un campesino, y otros indirectos, entre los que se encuentran los excomandantes paramiltiares Diego Fernando Murillo, alias 'Don Berna' y Daniel Rendón Herrera, alias 'Don Mario'.

Los testigos señalan a Uribe Vélez de haber conformado en la finca La Carolina dicho grupo paramilitar, el cual fue conformado para contrarrestar las acciones de los gurpos guerilleros que delinquían en la región, así como la ejecución de un grupo de personas en lo que se catalogó como una "limpieza social".