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En la tarde de este martes el procurador General, Alejandro Ordóñez Maldonado presentó ante el Consejo de Estado una recusación en contra de la magistrada Rocío Araújo. La consejera es la ponente en la demanda presentada por un grupo de abogados en contra de su reelección como jefe del Ministerio Público.
La acción se presentó pocas horas antes que se reanudará la Sala Plena en la que se tomara una decisión de fondo frente a si se acepta la ponencia de la magistrada que pide anular su reelección o por si el contrario se rechazan los argumentos presentados por Araújo.
La base de la recusación es una decisión emitida el pasado 3 de agosto por la Comisión de Acusación de la Cámara de representantes en contra de la magistrada ponente “por hechos relacionados con decisiones que fueron tomadas de su parte por el trámite de la demanda de nulidad contra el acto de elección” del Procurador General de la Nación.
“Lo anterior tiene una enorme gravedad de cara a la decisión tan importante que está por adoptar el Consejo de Estado, pues la apertura del proceso disciplinario pone en evidencia la altísimo posibilidad de las irregularidades que se han presentado en el trámite de la demanda, en virtud de la actuación cuestionada y ya judicializada de la magistrada”.
Para el Procurador General la magistrada ha incurrido en repetidas oportunidades en violaciones al debido proceso, hecho que no le garantiza un juez imparcial. “¿Puede haber entonces alguna duda acerca de la parcialidad que tiene esta funcionaria sobre las resultas del proceso que se adelanta contra el acto de elección del doctor Alejandro Ordóñez Maldonado, como procurador?”
“La respuesta –continúa la recusación- es a todas luces afirmativa, pues ahora esta magistrada tiene un inequívoco interés de que la decisión del Consejo de Estado se adopte, no conforme a los parámetros constitucionales y legales, como debería serlo, sino atendiéndome a intereses subjetivos, con miras a que dicha decisión lo beneficie antes los serios cuestionamientos que se les ha hecho en virtud de la apertura del proceso disciplinario”.
En el escrito de siete páginas se manifiesta que el auto de la Comisión de Acusación evidencia el conflicto de intereses de la magistrada, además de “una conducta a todas luces ilegal tanto que fue declarado de dicha manera por la Sala Plena el pasado 23 de octubre de 2016”. Aclara que esta acción no es una maniobra dilatoria sino la búsqueda para que se le respeten sus derechos procesales.
“Obsérvese cómo la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara adoptó una línea de investigación sobre la magistrada sobre la cual pesa una serie de graves acusaciones por su actuación irregular y atentatoria del debido proceso”, señala la recusación.