El procurador general, Alejandro Ordóñez Maldonado le solicitó a la Agencia Nacional de Minería (ANM) que adopte las medidas para proteger los derechos colectivos a la moralidad administrativa, patrimonio público, libre competencia económica, el goce de un ambiente sano y manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales en el marco de la ampliación del contrato de explotación minera de Cerro Matoso. (Ver Procuraduría y Contraloría estudiarán legalidad de prórroga de contrato de Cerro Matoso)
El Ministerio Público presentó varias consideraciones ante la prórroga del contrato suscrito entre Minerales de Colombia S.A. (Mineralco) y Cerro Matoso, en el que se estipula una ampliación del convenio por 15 años, es decir hasta el 2044 para la explotación de de explotación de hierro y níquel en la mina ubicada en el municipio de Montelibano, Córdoba.
Y es que para el órgano de control, hasta la fecha no se ha precisado “bajo que análisis económico” se justificó la compensación económica ni los límites de esta para garantizar la conservación del patrimonio público o la asignación de los recursos a nivel nacional y territorial.
Advierte la Procuraduría que "no se ha precisado bajo qué análisis económico se definió la compensación aludida, ni cómo garantiza ésta que no se afecte el patrimonio público ni la correcta asignación de los recursos en el tema presupuestal (destinación a nivel nacional y territorial)".
En el tema ambiental se considera que es menester incluir un referente para que el proyecto de explotación este revestido por una garantía en el concepto de desarrollo sostenible de la oferta ambiental, en contraprestación a la utilización y extracción de los recursos naturales.
En su solicitud el Ministerio Público indicó que pese a que se presentaron reiteradas solicitudes hasta la fecha no se conocen los soportes mediante los cuales se estructuró la prórroga del Contrato de Cerro Matoso, lo que impidió el acompañamiento preventivo correspondiente durante la discusión.