El procurador General, Alejandro Ordóñez Maldonado le envió una comunicación a los presidentes del Senado de la República y la Cámara de Representantes con el fin de que atiendan la solicitud hecha por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) frente al cumplimiento que tiene Colombia frente a las obligaciones internacionales de justicia para la puesta en marcha del marco jurídico para la paz (Acto Legislativo 01 de 2012) para el trámite de futuras leyes estatutarias.
El jefe del órgano de control recordó que aunque la justicia transicional prevé la posibilidad de flexibilizar la legislación ordinaria para permitir la concreción de un acuerdo de paz entre Gobierno y los grupos insurgentes, dicha flexibilidad no puede interpretarse como un aval para desconocer los mínimos de justicia contemplados por el derecho internacional.
“Dentro del espíritu de un Pacto para la Paz que blinde jurídicamente los acuerdos y les otorgue sostenibilidad política”, aseguró el jefe del Ministerio Público al recomendarle al Congreso de la República iniciar un debate con todos los sectores de la sociedad colombiana, especialmente las víctimas, para construir consensos en lo relacionado a mecanismos que permitan lograr la desmovilización total y el desarme absoluto de los grupos armados al margen de la ley.
Así como garantizar una sanción de los crímenes de guerra, de lesa humanidad y genocidios, al igual que de aquellas conductas que constituyan graves violaciones a los Derechos Humanos como violencia sexual contra la mujer y contra los niños, desaparición forzada y torturas.
En la misiva se cita el informe de la CIDH que reiteró que “los mecanismos de selección y renuncia a la investigación de casos de graves violaciones a los Derechos Humanos podrían plantear incompatibilidades con las obligaciones internacionales del Estado colombiano” y que “un modelo de justicia transicional debe ser respetuoso de las obligaciones internacionales del Estado en materia de Derechos Humanos”.
“Tomando en consideración que el deber de investigar y juzgar casos de graves violaciones de DDHH es irrenunciable, la selección y ausencia de investigación de esos casos plantea incompatibilidades con las obligaciones internacionales del Estado”, agrega el informe. Por ello, la CIDH recomendó al Estado colombiano que “adecué el Marco Jurídico para la Paz y las leyes estatutarias que se deriven a los estándares internacionales de DDHH señalados en este informe”.