Procurador solicitó que se revise tutela presentada por general (r) Jaime Humberto Uscátegui

La acción fue presentada ante la Corte Constitucional en contra del fallo de la Corte Suprema de Justicia que condenó al oficial por la masacre de Mapiripán.

Ante la Corte Constitucional, el procurador General Alejandro Ordóñez Maldonado presentó un recurso de insistencia para que se revise la acción de tutela presentada por el general (r) Jaime Humberto Uscátegui en contra de la condena de 37 años de prisión proferida por la Sala Penal Corte Suprema de Justicia por su responsabilidad en los hechos que rodearon la masacre de Mapiripán registrada en julio de 1997.

En el recurso, el jefe del Ministerio Público argumentó que en el proceso penal se le vulneró el derecho fundamental al debido proceso al oficial en retiro. En este sentido se le pide al alto tribunal que revise el caso en el cual se hace referencia de delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra. El general (r) fue sentenciado por haber permitido el paso de grupos paramilitares hasta el municipio del Meta.

La Procuraduría citó el artículo 28 de la Constitución Política, que dispone que “en ningún caso podrá haber detención, prisión ni arresto por deudas, ni penas y medidas de seguridad imprescriptibles”. Ante esto se hace insistencia en el hecho que el Código Penal Colombiano no se conciben los delitos de lesa humanidad ni los crímenes de guerra sino que, por el contrario, estas categorías están incluidas en instrumentos internacionales que, a pesar de que han sido ratificados por Colombia, en todo caso aún no han sido armonizados plenamente con el ordenamiento jurídico interno.

En el recurso se explica que en la jurisprudencia de la Corte Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia se ha sostenido que cuando se está ante delitos de lesa humanidad el principio de legalidad debe flexibilizarse para la consecución de fines considerados superiores, como la lucha contra la impunidad, no puede llegarse al extremo de anular este principio por completo, pues constituye uno de los pilares fundamentales del Estado colombiano, tiene plena vigencia y debe ser asegurado por todas las autoridades nacionales. En este sentido, se pregunta el jefe del Ministerio Público si la decisión penal proferida en contra del general (r) Uscátegui implicó el desconocimiento y la desnaturalización del principio de legalidad.

Por estos hechos se indica que esta es la oportunidad precisa para que la Corte precise con total claridad los límites constitucionales que debe tener la llamada “flexibilización del principio de legalidad”, así como para que se pronuncie sobre la manera de asegurar la supremacía constitucional ante eventuales conflictos o tensiones entre las normas constitucionales y los instrumentos internacionales, y específicamente sobre las facultades y competencias de las autoridades judiciales con respecto a casos de este tipo.

El excomandante de la Brigada VII del Ejército fue absuelto en primera instancia por dicha masacre, sin embargo al resolver un recurso de apelación la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá lo condenó a 40 años de prisión por los delitos de homicidio, secuestro agravado y falsedad material en documento público. A mediados del año pasado la Corte Suprema de Justicia dejó en firme dicho fallo judicial.

La defensa del general presentó una acción de tutela argumentando que en su caso había operado el fenómeno jurídico de la prescripción de la acción penal”, y solicitó que se amparara su derecho fundamental al debido proceso y se declarara la nulidad de la sentencia de casación. La acción de tutela fue negada en primera y segunda instancia por la Sala de Casación Laboral y la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, respectivamente, pues dichas corporaciones consideraron que este mecanismo constitucional no podía “justificar la omisión de acudir al recurso de revisión” por ser residual y transitorio.