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La Procuraduría General le formuló pliego de cargos al alcalde de Bogotá, Gustavo Petro Urrego por el posible desacato de normas constitucionales, legales y reglamentarias en la expedición de decreto 364 del 26 de agosto de 2014 por medio del cual se modificaron las normas urbanísticas del Plan de Ordenamiento Territorial (POT).
La posible falta disciplinaria fue calificada provisionalmente como grave, cometida a título de dolo, pues el mandatario habría desconocido la normatividad pese a tener conocimiento de ella y a ser advertido reiteradamente por el Concejo de Bogotá.
Según la investigación disciplinaria el mandatario distrital adoptó de manera excepcional dicho decreto pese a que el Concejo Distrital, en sesión ordinaria del 7 de junio de 2013, aprobó la ponencia negativa del proyecto de acuerdo. Por este caso el Consejo de Estado dictó medidas cautelares por esta expedición y le ordenó a un juez administrativo resolver este proceso.
Según el expediente, con este acto el alcalde de Bogotá habría hecho caso omiso a la normatividad que otorga en los concejos municipales y distritales la competencia para la reglamentación del uso del suelo, optando por proferir un acto administrativo que no resultaba procedente.
El Ministerio Público advirtió sobre la medida cautelar de suspensión provisional ordenada por la Sección Primera del Consejo de Estado el 27 de marzo de 2014 al Decreto 364 del 26 de agosto de 2013, resaltando que el alto tribunal precisó que “el alcalde mayor de Bogotá, al expedir el acto administrativo acusado, se arrogó una facultad de la cual carecía”.
En el documento firmado por el procurador General, Alejandro Ordóñez calificó la posible falta disciplinaria como grave, a título de dolo, pues el Alcalde de Bogotá con plena voluntad y conocimiento del procedimiento que debía realizarse para lograr la modificación al Plan de Ordenamiento Territorial, habría suscrito dicho decreto haciendo caso omiso y sin reparar en las advertencias hechas por diferentes intervinientes en el Concejo de Bogotá.
“Una vez notificado, el funcionario disciplinado o su (s) apoderado (s) podrán solicitar o aportar a la Procuraduría General de la Nación las pruebas que consideren conducentes para su defensa”, precisa uno de los apartes de la decisión.
En diciembre de 2013 la Procuraduría General sancionó con destitución e inhabilidad por 15 años para ejercer cargos públicos al mandatario distrital por las irregularidades en la planeación y ejecución del nuevo modelo de aseso en Bogotá.
Sin embargo, la aplicación de esta sanción disciplinaria se encuentra suspendido debido a las medidas cautelares emitidas por la Sección Quinta del Consejo de Estado al aceptar el estudio de una acción de nulidad y restablecimiento del derecho presentada por la defensa del Alcalde.
Igualmente se le adelanta una investigación por las irregularidades en el nombramiento de Polo Ávila como directo del Fondo de Seguridad y Vigilancia, puesto que no cumplía con los requisitos exigidos para esto ya que no contaba con el título.