El procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, anunció la apertura de indagación preliminar por los supuestos privilegios de los que habrían estado gozando los llamados ‘parapolíticos’ recluidos en la cárcel La Picota de Bogotá.
“El que la hace la paga”, dijo el jefe del Ministerio Público, tras las presuntas irregularidades en las que probablemente se han visto involucrados funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec.
Dijo que la Procuraduría no va a ser tolerante con ese tipo de actuaciones, por cuanto los funcionarios públicos que sean responsables de las actuaciones, precisó, serán objeto de determinaciones disciplinarias.
Al parecer, detenidos por presuntos nexos con paramilitares como Juan Carlos Martínez Sinisterra y Javier Cáceres ofrecieron fiestas en sus sitios de reclusión, infringiendo las normas a las que se deben acoger, como reos de La Picota; de ahí que la Corte Suprema autorizara el traslado de este dirigente a otra penitenciaría.
Por otra parte, Alejandro Ordóñez defendió la decisión que tuvo la Procuraduría a su cargo para pedir la condena de ocho de los guerrilleros partícipes en la toma del Palacio de Justicia, al afirmar que no hay pruebas palpables de que los insurgentes del M-19 hayan muerto.