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Ante un juez de control de garantías de Girardot, el representante de la Procuraduría General solicitó que se avale la petición de medida de aseguramiento en contra de las tres directivas de la Fundación Universitaria San Martín en el marco del proceso que se les adelanta por las irregularidades administrativas que se presentaron en dicho centro educativo en los últimos años.
En su argumentación, el delegado del Ministerio Público manifestó que la solicitud presentada por el fiscal del caso “es razonable, adecuada, proporcional y necesaria”. Advirtiendo que debido a la gravedad de los cinco delitos imputados y el poder adquisitivo que tienen los procesados existe un riesgo de fuga.
En la audiencia, que se extendió hasta la madrugada de este viernes, el fundador del centro educativo Mariano Alvear se declaró inocente de los delitos de concierto para delinquir, fraude procesal, fraude a resolución judicial, enriquecimiento ilícito de particulares, estafa en masa y falsedad en documento público.
El fiscal del caso citó durante la diligencia, que se tuvo que adelantar en la casa del procesado en Girardot por su delicado estado de salud, que se omitieron las ordenes emitidas por jueces de la República que favorecían a trabajadores y empleados del centro educativo.
Las directivas de la Fundación Universitaria omitieron el cumplimento de los fallos que ordenaban el pago de las obligaciones surgidas en el contrato de trabajo, incumpliendo las sentencias emitidas por jueces laborales en todo el país que consideraron que el centro educativo incumplió con sus compromisos y contratos. La Fiscalía General también le imputó cargos a Juan Carlos Mahecha y Ricardo Caballero Calderón quien no aceptaron su responsabilidad en los hechos materia de investigación.
El fiscal del caso aseguró que existe documentación que refleja que los tres directivos presentaron documentación falsa para levantar los embargos que bloqueaban las posibilidades de vender bienes en diferentes ciudades. Mediante fiducias y comodatos lograron que los mismos bienes fueran negociados entre representantes legales del centro educativo para recuperar su dominio y control.
Se pudo establecer que se presentaron documentos falsos “firmados” por el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), la Alcaldía de Bogotá entre otros organismos distritales y nacionales para así hacer incurrir en error a los funcionarios de las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos que autorizaban dichas operaciones.
Igualmente se determinó que se ofrecieron carreras que no contaban con la autorización del Ministerio de Educación. Por esta actividad “recaudaron” 3.143 millones de pesos por lo que se presentó una estafa a los estudiantes, quienes incluso tuvieron que consignar el costo de la matricula a cuentas de los particulares y no del centro educativo.
Este hecho generó un enriquecimiento ilícito. Tras hacer el rastreo de los bienes que hizo la Fiscalía General frente a las transferencias bancarias se identificaron 10 entidades financieras. El dinero consignado por los estudiantes fue detectado en países como México, Estados Unidos, India, Luxemburgo, Taiwán, Alemania, Corea del Norte, Rusia e Islas Caimán.
Las directivas de dicho centro educativo desviaron dinero recolectado por concepto de matrículas, préstamos bancarios, pago de acreencias laborales y compromisos tributarios, entre muchos otros.