Ante una juez de Bogotá, el representante de la Procuraduría General solicitó que se avale la petición de libertad presentada por la defensa del excontralor de Bogotá, Miguel Ángel Moralesrussi en el marco del proceso que se le adelanta por su presunta participación en el llamado ‘carrusel de la contratación’ en la capital de la República.
El delegado del Ministerio Público avaló los argumentos presentados por la defensa del exfuncionario, al considerar que Moralesrussi no representa un peligro para la sociedad ni existen argumentos que permitan inferir que va a obstruir el proceso que se adelanta en su contra desde hace dos años por las irregularidades en la entrega de contratos viales en Bogotá.
“No representa la gravedad que en un principio se tuvo en cuenta. Las circunstancias han cambiado, por lo que para la Procuraduría el señor Moralesrussi no representa un peligro para la comunidad ni para las víctimas”, precisó el delegado al indicar que nunca pensó que este proceso se fuera a demorar tanto.
Ante esto cuestionó el hecho de que no se decretara una ruptura procesal en este caso, advirtiendo que en la mayoría del proceso se han presentado pruebas y testimonios que vinculan principalmente a la exdirectora del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), Liliana Pardo Gaona. “Se ha visto un duro trasegar y el señor Moralesrussi ha soportado de manera paciente la práctica de pruebas que no le competen en su caso”.
Por su parte, el representante de la Fiscalía le solicitó a la juez de garantías que no se le otorgué la libertad ni la detención domiciliaria al excontralor distrital al considerar que no se presentan los requisitos exigidos para modificar esta medida de aseguramiento.
Para la Fiscalía, no se puede desconocer la gravedad de los delitos por los que es procesado el exfuncionario ni su presunta participación en una afectación en el patrimonio público puesto que con el llamado ‘carrusel’ se afectaron las finanzas del Distrito.
“Es respetuoso que prime la libertad pero antes subsiste una responsabilidad frente a unos hechos de corrupción”, precisó el fiscal del caso en su corta intervención.
Mientras que a su turno, el delegado de las víctimas en este caso argumentó que se debe modificar la medida de aseguramiento cobijándolo con la detención domiciliaria, considerando que todavía falta mucho tiempo para que acabe este proceso y se tome una decisión condenatoria y absolutoria.
La juez 63 de garantías reprogramó para el próximo martes la diligencia judicial, en la cual se tendrá que definir si revoca o no la medida de aseguramiento.