La Procuraduría General le formuló pliego de cargos al exgobernador del Amazonas, Olbar Andrade Rincón por su presunta responsabilidad y participación en las irregularidades que rodearon la preparación y celebración de contratos en el sector de la educación para las comunidades indígenas.
El Ministerio Público busca establecer si el exmandatario fraccionó los contratos dirigidos a la construcción de aulas en un resguardo indígena, en las que se habría exigido a los oferentes requisitos como el conocimiento del lenguaje tradicional del lugar de ejecución de la obra, lo que habría limitado la libre concurrencia de oferentes.
En este caso se consideró que se vulneraron los principios de contratación, puesto que no se permitió la libre participación de todos los interesados en paricipar en dicho proceso contractual.
El órgano de control disciplinario señaló que Andrade Rincón habría exigido dentro de los requisitos habilitantes que el interesado conociera usos y lenguaje de los resguardos en los que se construirían las aulas escolares, conocimiento que debía ser certificado por la autoridad de la comunidad, exigencia que vulnera los principios de la contratación estatal, pues la convocatoria pública debe ser abierta para que participen los interesados sin demandar condiciones o exigencias que impidan la libre concurrencia.
Los convenios tenían como objeto la construcción de unas aulas escolares en la comunidad Jariye y la construcción de una escuela comunitaria Awaurita en la comunidad de Oiyaka, en el resguardo de Mirití-Paraná.
La otra investigación
Igualmente la Procuraduría General citó a juicio disciplinario al exgobernador por el posible fraccionamiento de dos contratos de obra para el suministro e instalación de tuberías para alcantarillado de aguas lluvias en diferentes sectores de Leticia los cuales tendrían el mismo objeto.
“Para hacerlo habría argumentado que “el procedimiento era permitido por cuanto se había efectuado conforme lo dispuesto en el artículo 2º del Decreto 3576 de 2009”, pero que según el pliego de cargos este había sido “suspendido provisionalmente por el Consejo de Estado seis meses antes de la fecha de celebración de estos contratos”, precisa uno de los apartes de la decisión.
La faltas disciplinarias que endilga la Procuraduría a los tres investigados fueron calificadas como gravísimas cometidas a título de dolo.