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La Procuraduría General de la Nación conformó una agencia especial para que intervenga en representación del Ministerio Público en las investigaciones que adelanta la Fiscalía Seccional en contra de María Gilma Gómez, exdirectora de la Unidad de Mantenimiento Vial (UMV), por los presuntos delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado, por el polémico contrato de la máquina “tapahuecos” para Bogotá D.C.
De acuerdo a las investigaciones de la Fiscalía, dicho contrato se realizó de manera directa por un monto de 11.822 millones de pesos, con el objeto de tapar más de 200 mil huecos en las vías de la capital colombiana en apenas seis meses.
El agente especial del Ministerio Público, designado para que intervenga durante el desarrollo de estas actuaciones y garantice el debido proceso, la defensa de los derechos fundamentales afectados y que se arribe a la verdad de este hecho, deberá presentar periódicamente informes de las actuaciones y del estado de las investigaciones.
En el marco de estas investigaciones, por el polémico contrato de la máquina tapahuecos, la Fiscalía les imputará cargos al reconocido actor Juan Pablo Posada y a María Gilma Gómez Sánchez, exdirectora general de la Unidad Administrativa Especial para la Rehabilitación y Mantenimiento Vial de Bogotá (UMV).
La decisión también afectó al gerente de la firma Green Patcher Colombia SAS, el mexicano Antonio Fernández, quien junto con Posada y Gómez tendrán que responder por los delitos de incumplimiento en requisitos de contratos legales e interés indebido en la celebración de contratos.
Desde un principio el contrato fue cuestionado. El primero en hacer denuncias sobre éste fue el concejal Jairo Cardozo del Movimiento MIRA que dijo en enero de 2014 que el contrato por $11.800 millones se había puesto en manos de una “empresa de papel” y “sin ninguna experiencia en el área de obras civiles, para realizar el parcheo de las vías en mal estado de la capital mediante la aplicación de la tecnología por inyección a presión neumática”.
El concejal basó su argumento en que pese a que el contrato de la Unidad de Mantenimiento Vial (UMV) con Green Patcher Colombia fue firmado el 27 de diciembre, la firma “fue constituida hace apenas 6 meses, registrada como proponente solo mes antes de la adjudicación del contrato, y cuyos activos únicamente ascienden a $5 millones. Además, la dirección de la empresa, registrada en la Cámara de Comercio, corresponde al Apartamento en donde reside su único accionista". Los cuestionamientos también señalaron al actor Juan Pablo Posada, a quien se refería el concejal como único accionista de la firma.
El Espectador contactó a Posada, en ese momento, quien explicó que efectivamente él sí hizo los trámites para abrir la empresa desde mayo de 2013, pero cuando llegaron las máquinas que se importaron desde Inglaterra, inmediatamente se hizo el cambio de accionistas y quedó constituida por Green Patcher Latinoamérica y Velocity (del Reino Unido) y él salió de la empresa.
Los entes de control también han puesto su lupa en este contrato por fallas de la máquina, incumplimientos del contratista entre otros aspectos que ha señalado la Veeduría distrital.
Por este contrato la Procuraduría también formuló pliego de cargos contra la exdirectora de la UMV, María Gilma Gómez. Los motivos de la formulación de cargos a Gómez y otras dos funcionarias de la entidad por parte de la Procuraduría tienen que ver con la manera directa como se adjudicó el contrato el 26 de diciembre de 2013, bajo la modalidad de “ciencia y tecnología”. Para el Ministerio Público, se trataba de un “típico contrato de obra y requería inminentemente de un proceso de licitación pública”.