Por irregularidades en el manejo de recursos provenientes del Sistema General de Participaciones, la Procuraduría General de la Nación sancionó disciplinariamente con destitución e inhabilidad general por 12 años, al ex Gobernador del departamento de Vaupés, Wilson Ladino Vigoya, y con destitución e inhabilidad general por diez años a la señora María Eugenia Jaramillo, en su condición de Gobernadora encargada del mismo departamento.
La Procuraduría Delegada para la Economía y la Hacienda Pública demostró que los investigados celebraron convenios interadministrativos de forma irregular con entidades como la Secretaría Ejecutiva del Convenio Andrés Bello, SECAB, y la Organización de Estados Iberoamericanos, OEI, para la administración de recursos del Sistema General de Participaciones en salud y educación.
Entre las irregularidades encontradas, que constituyeron motivo de reproche disciplinario, están el haber girado el ciento por ciento de los recursos como anticipo de los acuerdos, haber reconocido a favor de dichos organismos porcentajes de 5 % como contraprestación por la administración de los recursos, y finalmente, haber suscrito y ejecutado esos convenios sin observar lo dispuesto en el Régimen de Contratación, Ley 80 de 1993.
El Ministerio Público consideró que los investigados vulneraron los principios de transparencia y responsabilidad, por desconocimiento del proceso de selección objetiva contenido en las normas que regulan la contratación estatal en Colombia.
Al proferir la decisión de primera instancia, advirtió que procede el recurso de apelación ante la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación.