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La Procuraduría General sancionó con destitución e inhabilidad por 11 años para ejercer cargos público al expresidente del Concejo de Bogotá, Hipólito Moreno en el proceso disciplinario que se le adelantó por las irregularidades que rodearon la celebración del contrato para la prestación del servicio de ambulancias en la capital de la República en el año 2009.
En la decisión se tuvo en cuenta la confesión que hizo el exconcejal del partido de la U que permite verificar la inurrencia en una falta por parte de Moreno, quien utilizó su cargo y posición social para influir en el proceso licitatorio del convenio que tuvo un costo de 69 mil millones de pesos con el fin de beneficiar a una empresa.
En este sentido consideró que se “prevaleció de su cargo” para influir ante el entonces secretario de Salud, Héctor Zambrano para direccionar la licitación pública, modificación del pliego de condiciones “evaluando a los proponentes” para al final otorgarle este multimillonario contrato a la Unión Temporal Transporte Ambulatorio Bogotá, que no contaba con la experiencia exigida, a cambio de un 10 por ciento del convenio.
Con su actuar, según el órgano de control disciplinario, el exconcejal vulneró la moralidad pública y fue en contravía de sus funciones para proteger los recursos públicos del Estado para garantizar un bien social
En este caso, para el Ministerio Público ya está confirmado que Moreno Gutiérrez utilizó su cargo y se prevaleció del mismo para influenciar en la entrega del contrato, pese a que era consciente que estaba incurriendo en una actividad ilegal.
Para el representante del órgano de control disciplinario, el expresidente del Concejo llegó a ocupar el más alto cargo dentro de esa Institución, sin embargo pese al respeto y a la importancia de su posición incurrió en una falta gravísima a titulo de dolo buscando el beneficio propio y de un tercero a costa de los recursos del Distrito, afectando un derecho fundamental como el de la salud de los bogotanos.
Sin embargo, se llamó la atención sobre la decisión de Moreno de pedir perdón por sus actos y mostrar arrepentimiento. “La decisión consistente en aceptar su responsabilidad es valiente y admirable. Ejemplo para los otros funcionarios que incurrieron o incurren en actos de corrupción frente a la contratación estatal u otras modalidades ilícitas”.
Por estos mismos hechos, el exconcejal fue condenado a seis años y medio de prisión luego de firmar un preacuerdo por los delitos de cohecho propio e interés indebido en la celebración de contratos.
En este caso se comprometió a colaborar con la justicia en los otros procesos que se adelantan por el llamado ‘carrusel de la contratación’ en la capital de la República, convirtiéndose así en testigo de hecho de la Fiscalía.