En fallo de primera instancia la Procuraduría General destituyó e inhabilitó por 20 años para ejercer cargos públicos a siete militares adscritos al Batallón de Infantería Nro.41 “General Rafael Reyes Prieto”, con sede en Cimitarra (Santander) por los hechos que rodearon la muerte de dos jóvenes quienes fueron presentados como guerrilleros abatidos en combate el 5 de marzo de 2008.
Según la investigación, los jóvenes fueron trasladados mediante engaños desde el municipio de Soacha, Cundinamarca, hasta Santander. Cuando llegaron allá fueron puestos a deposición de un grupo de uniformados que los asesinaron y luego, según el informe oficial, reportados como subversivos a los que se habrían enfrentado en un combate, el cual nunca existió.
El Ministerio Público determinó que en el marco de la operación táctica ‘Marfil’ se registraron las bajas argumentando operativos adelantados contra miembros de bandas criminales y grupos subversivos que realizaban extorsiones a ganaderos y comerciantes de la región, y que pretendían adelantar acciones terroristas contra los comerciantes que no accedieran a sus peticiones. La misión culminó con la muerte de dos personas ajenas al grupo ilegal, humildes y desempleadas que vivían con su familias en la ciudad de Bogotá y que, por consiguiente, tenían la calidad de personas protegidas.
Las pruebas señalan que las víctimas fueron contactadas por un tercero en Bogotá, quien los engañó ofreciéndoles trabajo, para lograr trasladarlos hasta el lugar de los hechos. Se determinó, además, que la expedición de la Misión Táctica “Marfil” no tenía el fundamento real aludido en la medida en que los boletines diarios de información correspondientes a los días 3 y 4 de marzo de 2008 sobre la situación de orden público vivida en el mencionado sector tampoco era el correcto. Se estableció entonces que se manipularon documentos oficiales para dar un carácter legal al homicidio de dos personas protegidas por la normatividad interna e internacional.
Las faltas fueron calificadas como gravísimas a título de dolo, pues fue por acción de los militares que estos hechos se produjeron y que lesionó la función asignada al Ejército Nacional, específicamente el respeto y protección de los derechos fundamentales “que para el presente caso consistieron en privar del derecho a la vida valiéndose para ello de la autorización constitucional, legal y administrativa que para el caso se tiene cuando de combates armados se trata”, indica el fallo disciplinario.
Los sancionados disciplinariamente son el teniente coronel Wilson Javier Castro Pinto, teniente Eduar Antonio Villany Realpe, sargento viceprimero Jesús Eduardo Niampira Benavides; y los soldados profesionales Nelson Ospina Tabares, Juan Carlos Álvarez, Germán Augusto Oliveros Tavares y Benancio Puentes Guapacha, orgánicos del Batallón de Infantería Nro.41 “General Rafael Reyes Prieto” con sede en Cimitarra (Santander).