La Procuraduría General exhortó al Gobierno con el fin de que se tipifique como un delito a las actividades relacionadas con la “minería ilegal” con el fin de brindar seguridad jurídica a los proponentes y contratistas que se presenten a las diferentes concesiones mineras en el país.
El Ministerio Público presentó una serie de observaciones a las autoridades competentes en el tema de la minería con el fin de que se tomen medidas drásticas para sancionar a las empresas y a los particulares que tienen minas sin el lleno de los requisitos legales.
Ante esto pidió que se realice una revisión de la nirvamitivad minera para establecer las sanciones que pertinentes para castigar a los responsables de estas actividades ilegales, así como un plan para formalizar los estándares que permitan diferenciar la minería ilegal de la informal.
En este punto, se pide la realización de un proceso para respetar los derechos de los mineros tradicionales y de los barequeros, así como una fiscalización que garantice el cumplimiento de obligaciones técnicas, económicas, sociales y ambientales que redunden en desarrollo y bienestar para las comunidades que tienen la actividad minera como fuente principal de subsistencia.
Finalmente la Procuraduría hizo un llamado a las autoridades de policía competentes a efectos de que se cumplan los criterios fijados para la ejecución de la medida de destrucción de maquinaria pesada como son: la previa verificación de antecedentes judiciales, confirmación sobre la procedencia, uso y destinación de la maquinaria.
Esta solicitud se presentó luego de la mesa de trabajo en la que se discutieron temas como la delimitación del páramo de Santurbán, la extracción ilícita de minerales y los efectos de la sentencia proferida por la sentencia que declaró la exequibilidad del artículo 37 del Código de Minas.