Procuraduría General "rajó" medidas de atención a población desplazada

El jefe del Ministerio Público solicitó que se mantenga el 'estado de cosas inconstitucionales' en materia de desplazamiento forzado.

@PGN_Col

El procurador General, Alejandro Ordóñez Maldonado le pidió a la Corte Constitucional que mantenga el ‘estado de cosas inconstitucionales’ en materia del desplazamiento forzado en Colombia. Esto al considerar que no se han cumplido todo lo establecido en la sentencia T-025 de 2004 en la cual el alto tribunal fijó parámetros para la atención de los desplazados en tema de salud, educación, vivienda y alimentación.  

En su intervención en la audiencia de seguimiento del cumplimiento de la sentencia el jefe del Ministerio Público consideró que hasta la fecha la población desplazada sigue presentando falencias en la atención de sus derechos fundamentales. Uno de las cifras más graves presentadas en la diligencia es que el 67% de los desplazados se encuentra por encima de la línea de pobreza.

“Actualmente existe una política pública estructurada que tiene como finalidad la atención, la asistencia y reparación integral de las víctimas del conflicto armado, por lo que dichos presupuestos no pueden ser tenidos como puntos de referencia para evaluar la persistencia o no del estado de cosas inconstitucionales porque las falencias, debilidades y obstáculos identificados inicialmente por el juez constitucional hoy no han variado”, precisó.

Ordóñez Maldonado aseguró que para afirmar que se superó o no el estado de las cosas inconstitucionales se debe verificar la situación actual de la población desplazada forzosamente y los avances que se han presentado en la garantía de los derechos que fueron identificados como vulnerados en la sentencia. “Podemos afirmar que aún persisten situaciones administrativas, estructurales que generan vulneraciones a dichos derechos”.

“La Procuraduría General encuentra que ha habido una evolución favorable, que hay una clara política pública donde han estado implicadas, comprometidas, de una manera evidente los diferentes órganos públicos pero no obstante esa evolución favorable considera la Procuraduría que el instrumento constitucional ha sido beneficio y demostrados sus bondades por lo que debe mantenerse por un plazo razonable”, señaló.