Procuraduría indagará quejas por renegociación de contrato para explotación de Cerro Matoso

El Ministerio Público estudiará además las denuncias presentadas por la Contraloría General sobre los daños ambientales.

El Espectador
30 de diciembre de 2012 - 12:49 p. m.

En los próximos días, funcionarios de la Procuraduría General iniciarán una serie de averiguaciones sobre la renegociación celebrada en el curso de esta semana del contrato para la explotación de hierro y níquel en la mina de Cerro Matoso, ubicada en el municipio de Montelibano, Córdoba.

Según el documento revelado por RCN Radio, el Ministerio Público hizo una lista de los requerimientos que se deben tener en cuenta al momento de renegociar o prorrogar el contrato de explotación minera. (Ver Así operará Cerro Matoso hasta 2029)

En este sentido se busca establecer si en la renegociación contractual se cumplieron los requisitos exigidos, además de las recomendaciones hechas en meses pasados por diferentes órganos de control de tipo ambiental, económica y laboral.

Igualmente la Procuraduría Genera inició el traslado de las quejas hechas en los últimos días para iniciar las inspecciones por la posible falta de estudios ambientales que garanticen la salud de la población.

En este sentido, según RCN Radio, se analizaran los documentos allegados por la Contraloría General que indican que la multinacional que tiene el contrato opera sin licencia ambiental por lo cual generaría un problema para las comunidades aledañas a la explotación. (Ver Contraloría advierte grave daño ambiental en Cerro Matoso)

Recomendaciones de la Procuraduría

1. El monto de la contraprestación económica del Estado derivada de los contratos de concesión.

2. La obligación de pago por la explotación de minerales tales como hierro, cobalto, cobre, cromo, oro, plata y platino que se pueden extraer en áreas de explotación.

3. La Metodología que fije los criterios para la determinación del precio de referencia del níquel.

4. El cumplimiento de las normas a las que deberá someterse el concesionario en asuntos ambientales, laborales e impositivos.

5. Las quejas y denuncias efectuadas respecto a problemas de salud de la población de áreas explotadas, a causa de la actividad minera.

Por El Espectador

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