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En fallo de primera instancia la Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal inhabilitó por 11 años para ejercer cargos públicos a la exdirectora del Instituto Colombiano del Bienestar Familiar (ICBF), Elvira Forero Hernández por las irregularidades que se presentaron en la celebración de un contrato interadministrativo en el 2011.
El órgano de control disciplinario determinó que Forero Hernández incurrió en una seria irregularidad al firmar dicho contrato de manera directa con una empresa que no contaba con la experiencia exigida para la ejecución del objetivo dispuesto. Debido a esto -señala- la empresa beneficiaria tuvo que subcontratar para cumplir el millonario convenio interadministrativo.
Esta acción, para la Procuraduría General, generó un detrimento patrimonial en el ICBF. Según los documentos recolectados se presentó un sobrecosto en la ejecución del contrato que tenía un valor inicial de 3.876 millones de pesos. La Red Alma Máter -beneficiada con el contrato- no pudo justificar la subcontratación con Fiscolmbia para ejercer las actividades del citado convenio.
El convenio interadministrativo tenía como objetivo prestar asistencia técnica, y profesional, a través del apoyo logístico, profesional y técnicos necesarios para el alistamiento, recolección, consolidación, procesamiento y explotación de los datos de Registro Único de Beneficiarios del ICBF de la vigencia 2011, así como el apoyo logístico y tecnológico a los procesos de capacitación de personas para su manejo.
La entonces directora del ICBF, indica el fallo, habría justificado y declarado procedente celebrar dicho contrato de manera directa y bajo la figura del convenio interadministrativo, a pesar de que Alma Máter no contaba dentro de su objeto con el desarrollo de las actividades contratadas como lo exige la ley para este tipo de contratación.
Los documentos arrojaron que la Red no tenía la capacidad, ni la infraestructura, ni la posibilidad real para desarrollar y cumplir las responsabilidades adquiridas en el convenio, por lo cual esta firma habría acudido a un tercero, en este caso la firma Fiscolombia, para que desarrollara las labores pactadas en el convenio.
Por estas mismas irregularidades en la contratación fueron sancionados disciplinariamente la exsecretaria general del ICBF, Rosa María Navarro Ordóñez y el director ejecutivo y representante legal de Alma Máter, José Germán Toro Zuluaga.