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La Procuraduría General le solicitó a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia agilizar la resolución del recurso de casación presentada por la defensa del coronel (r) Luis Alfonso Plazas Vega, condenado a 30 años de prisión por su responsabilidad en los hechos que rodearon la desaparición de empleados de la cafetería del Palacio de Justicia.
El Ministerio Público indica que desde hace ocho meses el alto tribunal está estudiando la ponencia del magistrado Luis Guillermo Salazar en la cual se absuelve al excomandante de la Escuela de Caballería por la desaparición del administrador de la cafetería, Carlos Augusto Rodríguez y la guerrillera del M-19, Irma Franco.
“Si bien hay decisiones complejas que exigen profundas reflexiones y deliberaciones de la Sala, y por la naturaleza misma del recurso de casaciones, se pueden suscitar divisiones o posiciones encontradas en aquella, el mismo procedimiento penal ha previsto los salvamentos de voto o aclaraciones de este último, no siento necesario –y en ocasiones, ni siquiera deseable- la unanimidad de todos sus integrantes”, precisó.
En la solicitud de dos páginas se indica que pese a que es consciente de la carga que tiene la Corte Suprema de Justicia el coronel en retiro “ha esperado igualmente demasiado la resolución de las demandas de casación interpuestas por su defensor y por la Procuraduría”. (Ver Proyecto de fallo absuelve al coronel (r) Plazas Vega por el caso del Palacio de Justicia)
“En consideración a lo señalado, que expongo en cumplimiento de mis deberes funcionales –en este caso el derecho del sindicado al debido proceso-, y considerado el escrito del coronel Plazas Vega, me permito solicitar formalmente a los H. Magistrados que integran la Sala que en el menor tiempo posible procedan a decidir de fondo las demandas impetradas, para hacer realidad, una vez más, el principio de justicia cumplida y pronta”, precisa.
Plazas Vega fue sentenciado por el delito de desaparición forzada agravada por los hechos registrados en el marco del operativo de recuperación del Palacio de Justicia en hechos registrados el 6 y 7 de noviembre de 1985 tras la toma del M-19.
Según los fallos judiciales el oficial habría ordenado la desaparición de un grupo de personas que salieron con vida de la edificación tras ser acusados de haber participado en el plan guerrillero y tener nexos con el grupo subversivo.