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La Procuraduría General le solicitó al alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa cumplir de manera inmediata el fallo emitido en 2002 por el Consejo de Estado que dio instrucciones de obligatorio cumplimiento para la recuperación del corredor ecológico del río Tunjuelo.
En el mismo fallo se ordena adelantar actividades de control frente a los factores de contaminación ambiental y los riesgos sanitarios y de salud pública generados por la operación ilegal de más de 100 establecimientos de expendio de carnes ubicados en la zona denominada Guadalupe, en la localidad de Kennedy.
En la misiva enviada a Peñalosa se manifiesta que es preocupante que después de 14 años de la emisión del mencionado fallo no se hayan cumplido las órdenes emitidas. Considera que continúa la venta de carne de dudosa procedencia, la manipulación del producto en pésimas condiciones sanitarias.
Continuamente -advierte- son arrojadas grandes cantidades de desechos sólidos y líquidos, partes de animales y sangre a la red de alcantarillado y directamente al río Tunjuelo, ocasionando así graves daños ambientales, la emisión de olores ofensivos y la presencia de roedores que causan un impacto directo en el medio ambiente.
Las afectaciones hidráulicas ocasionadas a la cuenca del Río Tunjuelo en esa zona han generado también el riesgo de ocurrencia de desastres como deslizamientos de tierra e inundaciones en los barrios aledaños.
La mayoría de las construcciones del sector ha sido sobre un corredor que forma parte de la estructura ecológica principal de la ciudad, que es suelo de protección con función de conservación y recuperación de recursos naturales como el agua, el aire, la fauna y la flora, además de ser espacio público.
Por estos hechos se le recuerda a Peñalosa que cuenta con las herramientas administrativas y jurídicas para erradicar esta problemática, y tendrá que hacerlo rápidamente, pues se encuentra expuesto a que el órgano de control tramite un incidente de desacato por el incumplimiento de la sentencia del Consejo de Estado, lo cual expone a los funcionarios distritales a multas, arresto y sanciones penales.