La Procuraduría General le pidió a las autoridades locales y departamentales cumplir con los mandatos establecidos en el Estatuto Nacional de Protección de los Animales (ley 84 de 1989 y ley 262 del 2000).
Mediante la procuraduría delegada para asuntos ambientales y agrarios, el Ministerio Público solicitó cumplir con la creación de juntas dirigidas a establecer y ejecutar mecanismos para proteger a los animales, por lo que además le pidió un informe continuo sobre la creación de estas estrategias.
Con estos mecanismos se busca prevenir y tratar el dolor y el sufrimiento de los animales; promover su salud y bienestar, asegurándoles higiene, sanidad y condiciones apropiadas de existencia; desarrollar programas educativos a través de medios de comunicación del Estado y de los establecimientos de educación públicos y privados que promuevan el respeto y el cuidado de los animales; así como desarrollar medidas efectivas para la preservación de la fauna silvestre.
El Ministerio Público señala que la ley 5 del 72 le otorga a los alcaldes la potestad de sancionar, a solicitud de las juntas protectoras de animales, imponiendo multas, las cuales podrán ser convertibles en arresto, a los que resultaren responsables de actos de crueldad, de los maltratamientos o del abandono de los animales cuya protección se provee en dicha ley.