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El pasado 12 de septiembre el director del Inpec, general Jorge Luis Ramírez manifestó ante los medios de comunicación que la Procuraduría General tenía la última palabra en la contratación de telefonía y los bloqueos de señal para los centros penitenciarios y carcelarios en el país. Esto tras la polémica suscitada por la finalización del convenio interadministrativo que se tenía con la empresa Prepacol Ltda. el próximo 30 de septiembre.
Sin embargo, el Ministerio Público le respondió al general Ramírez manifestándole que es su responsabilidad expresa revisar el proceso de contratación puesto que la Procuraduría General tiene facultades preventivas o de revisión frente a la contratación pública. En la misiva firmada por Alejandro Ordóñez Maldonado se manifiesta que el organismo no puede celebrar convenios de otras entidades puesto que esto está prohibido.
“Es importante recordar que la función preventiva que realiza este organismo de control al proceso de la referencia no implica el aval, coadministración o injerencia indebida en la gestión de la cantidad contratante. En consecuencia, en ejercicio de la autonomía administrativa, el Inpec deberá tomar las decisiones que estime pertinentes, acatando lo dispuesto en la Constitución, la ley y los principios orientadores de la contratación estatal”, precisa.
En este sentido se le recuerda al director del Inpec que debe tener en cuenta los principios de contratación directa, transparencia, estudios de mercadeo y acuerdo de confidencialidad al momento de celebrar este contrato. Advirtiendo que cualquier incumplimiento de estas obligaciones podría ser sancionada por los diferentes organismos de control.
“Es necesario que el Inpec establezca claramente, dentro de lo estudios previos, la idoneidad de la entidad que ejecutará el proyecto, su experiencia y su conocimiento en actividad relacionada con la materia y se debe constatar que no esté incurso en las inhabilidades e incompatibilidades establecidas en la ley”, señala uno de los apartes de la misiva.
Señala que el contrato debe tener una justificación técnica y administrativa y el beneficiario debe demostrar que cuenta con las condiciones para ejecutar lo estipulado. “Es importante que haya análisis del estudio de mercadeo o de precios, para establecer razonablemente y objetivamente el valor del futuro contrato, exhibiendo las variables que lo afecta y que permite verificar que dicho valor es el apropiado en el mercado existente para el bien, obra o servicio”.
El contrato actual ha sido motivo de polémica después que el sindicato del Inpec revelara que se estarían presentando irregularidades debido a su alto costo y poco beneficio. Señalan que la empresa contratista manejaba las tarifas más altas del mercado a la hora de cobrar el minuto de celular. El tema del bloqueo no ha sido tan efectivo como debería ser.
El director del Inpec explicó que llevan 18 meses estudiando qué hacer con el tema de los bloqueo de la señal de celulares en las 136 cárceles del país para reducir los índices de extorsión. Pese a que en un principio se pensó hacer una licitación pero se desechó porque se requería un estudio financiero que costaba $1.500 millones y el Inpec no tenía tal presupuesto:
Desde hace más de ocho años la empresa Precaol viene manejando la telefonía en centros carcelarios y que el próximo 30 de septiembre el contrato se acaba. El director del Inpec explicó que no se justificaba realizar una inversión en las 136 cárceles del país, pues “el bloqueo en un cárcel pude costar en promedio un millón de dólares, alrededor de $3.000 millones”. Por esa razón, se decidió que el contrato de telefonía y de bloqueo de señal se iba a ejecutar nada más en 33 cárceles que concentran el 70% de los presos y en las que se han registrado el 100% de las llamadas extorsivas.
“Históricamente hay 33 cárceles de donde han salido llamadas extorsivas. Esos centros carcelarios se priorizaron, pues representan el 70% de la población s. Lograr hacer un proceso contractual o asignar la telefonía y el bloqueo de esas 33 cárceles a una sola persona es bueno. Además, no va a ser por mucho tiempo”, puntualizó el general Ramírez. Sin embargo, el sindicato del Inpec denunció que el proceso de contratación era improvisado y generaba desconfianza, pues consideraba que para evitar la corrupción se debía realizar una licitación pública.