Por medio de su de Grupo de Cooperación y Asuntos Internacionales, la Procuraduría General le solicitó a la Cancillería que le informe sobre las acciones que se han adelantado frente al caso de los cuatro colombianos que actualmente se encuentran privados de su libertad en Qatar. (Vea: El caso de Juan Pablo Iragorri y la desproporción de las penas)
El Ministerio Público pidió un informe frente a las gestiones que se han adelantado desde el Ministerio de Relaciones Exteriores frente a la protección de los derechos de estos colombianos, entre los que se encuentran tres hombres y una mujer. (Ver 'Hay muy poco por hacer por colombiano condenado en Qatar': embajador Vélez)
Juan Pablo Iragorri, quien fue condenado a cadena perpetúa por delitos relacionados con el tráfico de drogas, y Francisco Vergara, Yesid Herrera, Manuel Ramírez y Marta Castellanos se encuentran privados de la libertad en este estado asiático.
En diferentes intervenciones en los medios de comunicación, los familiares del primero de ellos han denunciado negligencia y olvido estatal frente a su detención y condena a cadena perpetua por el delito de narcotráfico.
Esta petición se suma a la hecha por la Defensoría del Pueblo frente a la denuncia por los múltiples tratos crueles, inhumanos y degradantes que se habrían dado en el caso de la detención de Juan Pablo Iragorri están consignados en un pronunciamiento del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, del 14 de febrero de 2014, dirigido al gobierno de Qatar.
Ese documento indica, en términos generales, que Iragorri había sido contratado para trabajar con el Ministerio del Interior catarí desde 2005 como instructor de paracaídas y que en 2010 fue invitado por el mismo Ministerio para trabajar en Qatar en la unidad de búsqueda y rescate.
No obstante, el 30 de junio de 2011, hacia la 1: 00 am., Iragorri fue detenido por policías armados y vestidos de civil, cuando llegaba a su casa en un barrio al oeste de Doha. Los oficiales no mostraron identificación y no presentaron orden de arresto o allanamiento. Tampoco precisaron las razones de la detención. Aunque buscaron en el auto del detenido, no encontraron evidencias de drogas o bienes ilícitos, según confirmaron los agentes de policía en posteriores declaraciones.
Desde entonces, según el documento de la ONU, el colombiano fue sometido a condiciones de reclusión que no cumplirían los estándares internacionales. De ahí que un comunicado de la defensoría indique que los familiares solicitaron a dicha entidad “tener mayor información por parte de la prisión en Doha sobre el estado físico y mental en el que se encuentra el señor Juan Pablo Iragorri”.
“Finalmente, y ante este panorama, la Defensoría también exhorta a la Cancillería para que agote todas las medidas diplomáticas a fin de evitar una injusticia y garantizar los derechos humanos de este ciudadano colombiano”, añade el comunicado de la entidad.