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La Procuraduría le presentó al alcalde de Santa Marta, Rafael Martínez, una serie de observaciones respecto al pliego de condiciones que deben cumplir los contratistas del Estadio de Santa Marta, cuya construcción se ha convertido en una carrera contra el reloj hacia la fecha de realización de los Juegos Bolivarianos, que se realizarán en la última quincena de noviembre del 2017.
El ente de control le recomendó a la alcaldía municipal ceñirse a la matriz de riesgo del Secop, la Agencia Nacional de Contratación Pública, en cuya página web están explícitos todos los lineamientos que deben tener en cuenta las entidades públicas para contratar con particulares servicios o productos.
Puntualmente, la Procuraduría le recomendó a la entidad contratante –la alcaldía- revisar el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación de la Agencia Nacional de Contratación Pública, el cual prevé los riesgos presentes en los procesos de contratación pública, y que, según la entidad de control, no están descritos en el proceso de contratación del nuevo estadio de la capital del Magdalena.
“No se encuentran descritos algunos elementos como categoría, impacto, monitoreo y revisión”, señaló la Procuraduría en su informe. Además, a través de la Procuraduría delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, recomendó tener en cuenta las disposiciones de la Agencia Colombiana para la Contrataciónr en lo que tiene que ver con las opciones para el tratamiento de los riesgos.
Pero eso no es todo. La Procuraduría también se manifestó respecto al presupuesto asignado para la construcción del escenario deportivo. Y es que al realizar una revisión de varios ítems de manera aleatoria, el órgano de control encontró que el valor total por actividad no corresponde a la operación matemática de multiplicar el valor de cada una por la cantidad.
En ese sentido, la Procuraduría le recomendó a la alcaldía de Santa Marta revisar el valor final de la obra de poco más de $52 mil millones, pues este podría ser en realidad, inferior. Más aun, dijo la Procuraduría, esta revisión debería hacerse por la modalidad del contrato, la cual implica un pago global al contratista, es decir, que en el pago se incluyen “todos los costos directos e indirectos en que incurrirá el contratista para la ejecución de la obra”.
En la carta que le dirigió al alcalde Martínez la Procuraduría le solicitó al ente territorial publicar no solamente las observaciones hechas, sino también las respuestas que considerara pertinentes a las mismas, en aras de garantizar la trasparencia en el proceso de contratación del importante escenario deportivo, a través del portal Secop.