La Procuraduría General avaló la solicitud de medida de aseguramiento en centro carcelario presentada por la Fiscalía General en contra del exsecretario de Movilidad de Bogotá, Fernando Álvarez Morales en el marco del proceso que se le adelanta por las irregularidades en la celebración de contratos para la estructuración del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP).
En su intervención ante un juez de control de garantías, el delegado del Ministerio Público aseguró que el exfuncionario de la administración de Samuel Moreno Rojas representa un peligro para la sociedad. En este sentido considera que Álvarez cuenta con las influencias para afectar y manipular los elementos materiales probatorios.
"La libertad de Fernando Álvarez representa un peligro para la sociedad, es claro que ejerció una empresa criminal (...) y hay una alta sospecha que en el futuro siga cometiendo este tipo de actos", precisó el procurador del caso. En su concepto, exuste pruebas que demuestran que el ahora procesado ha intentado obstruir a la justicia.
En este sentido señaló que el exfuncionario habría tenido conocimiento claro frente al desvío de 800 millones de pesos, participando asi "en el delito de peculado por apropiación a favor de terceros". Para el representante de la Procuraduría los argumentos presentados por el fiscal del caso demuestran la relación del ahora procesado con los hechos materia de investigación.
El pasado viernes, la Fiscalía General le imputó al exsecretario de Movilidad los delitos de peculado por apropiación a favor de terceros y celebración de contratos sin el cumplimiento de requisitos legales. Araújo se declaro inocente. (Ver: SITP de Bogotá: ¿segundo capítulo del carrusel de la contratación?)
Según la Fiscalía General, la Secretaría de Movilidad destinó 3.000 millones por ese estudio, pero al final, la firma KPMG, solamente recibió $1.200 millones. El ente investigador busca establecer qué se hizo la parte restante. (Ver: Exsecretario de Movilidad de Samuel Moreno no aceptó cargos por irregularidades en contratación)
En la investigación también se destaca que se habrían presentado irregularidades en la selección del contratista puesto que en su informe KPMG rechazaba la mayoría de las propuestas. Hecho por el cual se indaga si se presentó el pago de comisiones para la adjudicación del millonario contrato en el proceso de licitación.