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En una compleja intervención, el representante de la Procuraduría General le solicitó a la jueza 64 de garantías que no avale la solicitud presentada por la Fiscalía General para cobijar con medida de aseguramiento a los implicados en el descalabro bursátil de la comisionista de bolsa InterBolsa S.A.
En su extensa argumentación, el delegado del Ministerio Público que es menester analizar la necesidad de privar a un procesado para garantizar su asistencia al juicio o para proteger a la comunidad.
Al hacer un análisis jurídico frente al respeto de los derechos constitucionales de los procesados, se determinó que existe “material probatorio razonable” para inferir las acciones irregulares que se cometieron en el mercado bursátil por parte de las directivas de InterBolsa S.A. mediante la manipulación del precio de las acciones de Fabricato.
Sin embargo consideró que los procesados no representan un peligro para la sociedad ni pueden obstruir a la justicia en este caso, haciendo referencia al hecho de que se han hecho presentes en todas las diligencias judiciales y existe constancia que atendieron las citaciones hechas por la Fiscalía General en el marco de la investigación.
“Acá no estaban concertados perfiles bajos, acá estaban concertados funcionarios del más alto nivel partiendo desde el presidente de InterBolsa, Rodrigo Jaramillo”, explicó el representante del órgano de control disciplinario al hacer mención del presidente de la comisionista de bolsa, las directivas y el máximo accionista de la empresa Fabricato.
En este punto indicó que pese a que la Fiscalía General ha manifestado la existencia de una "delincuencia de cuello blanco" no se pueden desconocer las garantías constitucionales que una privación de la libertad debe ser emitida en casos excepcionales.