Ante un magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá la delegada de la Procuraduría General le solicitó que no acepte la solicitud de la Fiscalía General para cobijar con medida de aseguramiento a la excontralora General, Sandra Morelli Rico por irregularidades en la contratación de la nueva sede.
Para la representante del Ministerio Público en su intervención el fiscal del caso no se presentaron argumentos que permitieran inferir que existieron fallas en los estudios previos y la forma para realizar el contrato del edificio ubicado en el Centro Comercial Gran Estación Fase II en el occidente de Bogotá.
En este sentido aseguró que el cambio era necesario debido a la gran cantidad de funcionarios con los que cuenta la Contraloría y la falta de espacio que se estaba registrando en la sede ubicada en el centro de la capital de la República.
“La situación del cambio de sede era apremiante. La doctora Sandra Morelli Rico para nada actuó en forma caprichosa”, precisó la delegada de la Procuraduría General, que argumentó que no se hizo un estudio minucioso que reveló la necesidad de cambiar de edificio y se optó por la mejor opción.
Igualmente aseguró que la entonces Contralora General “no actuó a espaldas de la sociedad" puesto que se hicieron los estudios exigidos por la ley, y el arriendo se debió a una necesidad en la infraestructura que obligaba el traslado de la sede.
Se espera que en las próximas horas intervenga la defensa de la excontralora General, quien hace presencia en la audiencia vía teleconferencia puesto que desde el pasado 30 de agosto se encuentra en Roma (Italia).