Al considerar que se presentó un error grave en la realización del dictamen grafológico por parte del CTI para determinar la identidad del cabo en retiro Edgar Villamizar Espinel, la Procuraduría General solicitó la repetición de dicha prueba en el caso del Palacio de Justicia.
La solicitud fue hecha ante el Juzgado 55 Penal del Circuito de Bogotá, argumentando que se debe omitir dicha prueba dentro del proceso que se adelanta en contra del coronel (r) Edilberto Sánchez Rubiano, y otros cuatro militares por los desaparecidos del Palacio de Justicia.
Según la Procuraduría no se hizo un examen serio sobe los documentos que presentó el testigo en el cual señalaba que había sido suplantado por sus declaraciones en contra de un grupo de militares.
“Se limitó el estudio a tres firmas, dos de ellas obrantes en la hoja de vida y una firma originada en un documento desconocido para el proceso y los sujetos procesales, aportada por la Fiscal que instruyó el proceso, en la indagación que adelanta el ente investigativo”, precisó.
Entre los argumentos esgrimidos por el Ministerio Público se señala que existió un vicio de legalidad puesto que el documento en el que se registra la firma puesta en conocimiento por la exfiscal Ángela María Buitrago, "es desconocido por los sujetos procesales" y no hizo parte de ninguna causa por los hechos del Palacio de Justicia, y además, porque corresponde aparentemente a una copia de la declaración cuestionada.
Igualmente se aclara que existió un análisis insuficiente puesto que el perito del CTI se limitó al cotejo de tres firmas, una de ellas viciada de legalidad, como se aludió previamente, y nada se dijo de la otra cantidad de muestras sobre las que igual se ordenó el cotejo, vulnerando el mandato legal que le exige examinar todo el material obrante en el proceso para emitir sus conclusiones.
Por último se manifiesta que existe una fragilidad de los fundamentos técnicos en los que se basó el concepto. "El perito no construyó su dictamen con argumentos que revistan la fuerza y profundidad técnico - científica requerida" para arribar a las conclusiones adoptadas, por tanto, fue generalizado y no avanzó al detalle e individualización de rasgos verdaderamente característicos que permitan arrojar conclusiones como la que describió en su estudio.
“En suma, para la Procuraduría, el dictamen tiene graves falencias que imponen la necesidad de un nuevo peritaje, el cual debe ofrecer respuesta plena y satisfactoria a los originarios postulados de trasparencia y búsqueda de la verdad que gobiernan los fines de la administración de justicia, como también, que guarde pericialmente la técnica, método y procedimiento adecuado, para lo cual junto a la objeción se solicitaron pruebas que se practicarán incidentalmente”, se aclara.