Ante la juez cuarta especializada de Bogotá, el delegado de la Procuraduría General solicitó que emita sentido de fallo absolutorio a favor del coronel Publio Hernán Mejía, un teniente coronel, un sargento viceprimero y cuatro soldados profesionales en el proceso que se les adelanta por su presunta responsabilidad en dos casos de “falsos positivos” registrados en el año 2008 en Valledupar.
En su intervención, el representante de la Ministerio Público indicó que en la llamada “Operación Coraza” en la cual murieron dos personas que presuntamente iban a robar armamento en el Batallón La Popa los militares actuaron de manera adecuada, puesto que en reiterados casos hay personas “especializadas” en robar armamento militar, por lo que los uniformados deben proteger las instalaciones para evitar esos hechos delincuenciales.
“Siempre se respetó el Derecho Internacional Humanitario”, precisó el procurador del caso, al considerar que después de estudiar las pruebas presentadas y los testimonios recogidos durante estos tres años de proceso nunca se evidenció ninguna actividad irregular por parte de los siete militares procesados en la actualidad por las operaciones “Tormenta” y “Coraza” en las que murieron 20 personas.
En el caso de la segunda operación se indica que en el Batallón La Popa, ubicada en la salida de la capital del departamento del Cesar, existe una serie de advertencias que indican que no se le permite al ingreso al personal civil, debido a las actividades que allí se adelantan por lo que se deben respetar los llamados límites invisibles.
“Según el denunciante las dos personas que fallecieron ese día habían sido secuestrados en el Batallón en el lugar donde se almacenaban los víveres, pero eso no era cierto. El ingreso de estas personas fue furtivo, por la parte de atrás. No era el lugar ni la hora para que dos personas estuvieran por ahí, saltaran la barda e ingresaran al lugar”, indicó en su extensa intervención.
Operación Tormenta
En el caso de la Operación Tormenta, el representante de la Procuraduría General fue claro en indicar que las pruebas recolectadas indican que los 18 hombres abatidos tenían prendas que los distinguían como miembros del ELN, y debajo de su ropa tenían insignias de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
“En este caso es claro que eran combatientes”, precisó el procurador del caso, al señalar que los militares hicieron lo que estaba dentro de sus funciones operacionales: ubicar al enemigo, combatirlo y neutralizarlo.
“La operación se hizo con transparencia y a plena luz del día cumpliendo con todos los actos administrativos presentados para adelantar la operación militar”, aclaró el representante del Ministerio Público al señalar que los militares ubicaron a dichas personas armadas cerca de la Finca El Socorro por lo que era menester la protección de la población.
En su intervención, se indica que en este caso era inminente el actuar de la fuerza pública puesto que se está hablando de operaciones militares en el marco de un conflicto armado y los considerados enemigos también tienen un entrenamiento militar y ordenes claras de atacar a los miembros del Ejército y de la Policía.
Las mentiras del testigo
En su argumentación, el representante de la Procuraduría General cuestionó seriamente las acusaciones hechas por el considerado testigo clave en este caso y quien fue el encargado de presentar las denuncias hechas en contra de los uniformados por los hechos registrados hace 10 años.
“Su denuncia fue un acto de revancha, pasándole la cuenta de cobro a las personas que lo capturaron por sus actividades ilegales. Como el comportamiento de las personas se va especializando, también este personaje ha protagonizado escándalos en los casos en los cuales la Corte Suprema de la Justicia ha rechazado sus testimonios en otros casos de connotados políticos”, precisó.
En este sentido consideró que el militar que realizó las acusaciones tenía una serie de problemas dentro de la Institución debido a hechos de indisciplina. “Tenia motivos innobles de revancha, no era el hombre más brillante en su carrera militar, ni el más noble ni el más juicioso y fue condenado por traficar con elementos del Estado, no se pudo localizar para que diera testimonio, sus contradicciones nunca fueron resueltas”.
En el marco de la audiencia, los cuatro soldados procesados manifestaron en medio de lágrimas que las operaciones fueron legales puesto que estaban cumpliendo órdenes, por lo que son inocentes de los hechos por los que son acusados por la Fiscalía General.
Por su parte el coronel Mejía indicó que después de seis años de proceso confía en que la justicia lo declare inocente, así como a sus hombres. “Ellos no pueden estar encadenados por cumplir su deber constitucional y los deberes que tenían con su país”.
En este sentido consideró que solamente espera que algún día se demuestre que este juicio fue producto de un montaje. “Mis hombre fueron aniquilados brutalmente por la justicia, por testigos falsos”.