Después de estudiar la sentencia completa de la Corte Constitucional en la que se dio vía libre para que las parejas del mismo sexo puedan adoptar, la Procuraduría solicitó la nulidad de ese fallo pues considera que se debe proteger el interés superior del menor de edad.
Según el Ministerio Público, esa protección desconoce "la cosa juzgada en torno a la competencia del Congreso para definir quiénes son sujetos hábiles para adoptar". Además, asegura que el alto tribunal cometió una serie de contradicciones sobre lo que se puede entender como el interés superior del niño, sobre la definición de actos discriminatorios en contra de las parejas del mismo sexo, entre otras cosas.
Para argumentar la petición, la entidad que dirige Alejandro Ordóñez menciona una sentencia previa de la Corte en la que se estableció que negar el derecho de una pareja del mismo sexo a adoptar, no constituía un acto discriminatorio. Por eso, la Procuraduría afirma que no se respetó la regla de la cosa juzgada.
Otro de los argumentos presentados en la solicitud de nulidad dice: "la Corte acepta que debe evitar erigirse como autoridad científica, a lo largo del escrito termina por actuar como tal descartando la 'cientificidad' de algunas intervenciones de varias instituciones académicas que señalan que la concepción por parte de parejas del mismo sexo afectaba a los niños".
"Ni siquiera algunos claustros logran ponerse de acuerdo en su interior, por lo que resulta extraño que el alto tribunal, sin ser una autoridad científica ni tener competencia para ello, termine por zanjar el debate calificando algunos estudios como correctos y otros como incorrectos", concluye la Procuraduría.