Ante el Consejo de Estado, el representante de la Procuraduría General solicitó que no se avale la solicitud para decretar la pérdida de investidura del presidente del senado, Roy Leonardo Barreras.
En su intervención, el delegado del Ministerio Público consideró que no se allegaron al proceso pruebas documentales y testimoniales al expediente que permitieran inferir que el senador del Partido de la U incurrió en el delito de tráfico de influencias como lo indica la demanda.
Igualmente sostuvo que al revisar todas las declaraciones no se encontró una que sostuviera que Barrera uso su cargo y sus influencias para la entrega de un bien decomisado al narcotráfico a una comunidad cristiana en la ciudad de Cali. (Ver Los pastores del Presidente)
“No se comprobó que el aquí demandando hubiera ejercido algún tipo de influencia ante la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE) ni ante el presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez para la entrega del bien”, precisó el procurador del caso.
En una corta intervención, el senador Barreras señaló que dicho evento se realizó en el marco de uno de los consejos comunales que se adelantaban durante el Gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez.
En este sentido consideró que no existe una afirmación que lo señale de haberse presentando en la sede Dirección Nacional de Estupefacientes o que se hubiera reunido con alguno de sus directivos para intermediar para la entrega de "ese o de cualquier otro bien".
Además citó a la esposa del pastor cristiano quien señaló que en ningún momento el entonces representante a la Cámara fungió como un intermediario para la entrega de dicho bien, puesto que todo el proceso se hizo por medio del abogado de la comunidad cristiana.
"Yo pído disculpas al Consejo de Estado por el tiempo perdido en esto. Hay muchas mejores cosas para que el alto tribunal se ocupe como la administración de justicia, la paz, o solamente vivir a vida. Son muchas cosas para que se pierdan en la discusión de esta y otras demandas temerarias sin ningún fundamento, esto es culpa del maltrecho sistema que tenemos".
Igualmente indicó que no tiene sentido la acusación hecha en su contra en la cual se le indica que él utilizó la entrega de este bien inmueble para obtener un beneficio electoral en la región.