Ante la Corte Constitucional, el procurador General Alejandro Ordóñez Maldonado presentó un recurso de insistencia para que se revise la acción de tutela presentada para que se revise la sentencia emitida por la Sala Penal de la Corte Suprema en julio de 2014 en contra del exministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias por el escándalo de Agro Ingreso Seguro (AIS).
Hace un mes la Corte Constitucional rechazó la el estudio de la acción judicial presentada por el suegro del exjefe de la cartera de Desarrollo Rural al considerar que no cumplía con los requisitos exigidos. Con este recurso el Ministerio Público busca que se reverse esta decisión y sea estudiada por el alto tribunal. (Ver Corte Constitucional negó selección de tutela que buscaba tumbar condena contra Andrés Felipe Arias)
Para Ordóñez Maldonado resulta de la mayor importancia que se seleccione para revisión este proceso, en razón a la relevancia constitucional de definir expresamente las situaciones en las que procede la agencia oficiosa para la acción de tutela. Señala, en este sentido, que aunque la jurisprudencia de la Corte Constitucional cuenta con numerosas decisiones sobre la agencia oficiosa, aún no se ha referido a su procedencia cuando el titular de los derechos invocados se encuentra fuera del país.
De otra parte, considera que aunque se trata de un proceso penal que ya fue fallado por el juez competente, justamente lo que se solicita revisar con la acción de tutela es si se respetó el derecho fundamental al debido proceso, o se incurrió en una serie de graves irregularidades como no contar con el material probatorio suficiente para demostrar la existencia del dolo que exigen los tipos penales por los que se profirió la condena.
La tutela fue admitida y decidida de fondo en primera instancia por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, que decidió no amparar los derechos invocados, argumentando que el agente oficioso no se encontraba legitimado para procurar la defensa del señor Arias Leyva y su familia por el solo hecho de que ellos estuviesen domiciliados en el exterior, y que la esposa e hijos del exministro no eran parte del proceso penal, por lo que no podían considerarse afectados directamente por la providencia de la Sala de Casación Penal de esa corporación.
Este fallo de tutela fue impugnado y la decisión de segunda instancia fue adoptada en el mismo sentido por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia. Arias Leyva fue condenado a 17 años de prisiós por su responsabilidad en los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación a favor de terceros en la entrega de subsidios del programa AIS.
Desde julio del año pasado se encuentra fuera del país, argumetando falta de garantías judiciales. Actualmente se encuentra trámitando un asilo jurídico ante el gobierno estadounidense bajo el argumento que su proceso fue una persecución política por su relación con el expresidente Álvaro Uribe Vélez.