El procurador General, Alejandro Ordóñez Maldonado reiteró este jueves que solicitó al Consejo de Estado que mantenga en firme la sanción disciplinaria interpuesta en contra del general (r) Mauricio Santoyo.
El jefe del Ministerio Público indicó que en el documento presentado ante el tribunal de lo contencioso administrativo se señaló que se deben rechazar los argumentos presentados en la demanda interpuesta por el oficial quien fungió como jefe de seguridad de la Presidencia de la República.
“La Procuraduría General en su pasada administración profirió una destitución, esa decisión sancionatoria fue demandada ante el Consejo de Estado, la jurisdicción ordenó la suspensión, el trámite ha continuado y ante esto hemos solicitado dentro de este proceso que las pretensiones de la demanda no prosperen, es decir que queden en firme la decisión del órgano disciplinario”, precisó Ordóñez Maldonado.
Se espera que este viernes, la Corte de Virginia, Estado Unidos, emita el fallo condenatorio en contra del general Santoyo, quien en agosto de este año aceptó sus nexos con grupos paramilitares.
El oficial en retiro podría recibir una condena entre los 10 y 15 años de prisión. (Ver Piden máxima condena para general (r) Mauricio Santoyo)
La sanción al general Santoyo
En octubre de 2000, la Fiscalía General empezó a investigar la desaparición de dos miembros de Asfaddes (Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos), y fue entonces cuando el nombre Santoyo cayó bajo la lupa de las autoridades colombianas. Mientras era el jefe del Gaula de la Policía en Medellín (de julio de 1996 a diciembre de 2001), la sala de inteligencia de esa entidad hizo más de 1.800 interceptaciones ilegales, entre esas a las líneas de los activistas de Asfaddes.
Santoyo ya no estaba en el Gaula para la época en que los integrantes de Asfaddes desaparecieron. Sin embargo, el tema de las ‘chuzadas’ le valió una destitución en 2003 por parte de la Procuraduría. Según el Ministerio Público, el entonces teniente coronel Santoyo Velasco consintió que hombres a su cargo tramitaran ante las Empresas Públicas de Medellín (EPM) las interceptaciones telefónicas con autorizaciones de fiscales falsificadas.
Para sancionar a Santoyo, la Procuraduría tuvo en cuenta varias cosas. Los fiscales cuyos nombres figuraban en las órdenes de interceptación declararon que esas firmas no eran las suyas y las pruebas de grafología lo confirmaron. Un sargento del Gaula reconoció haber entregado los documentos apócrifos a EPM y varios otros fueron enviados desde el fax del Gaula. Y se comprobó que en la sala de inteligencia del Gaula sí se enlazaron líneas privadas.
Evidencias en mano, la Procuraduría destituyó al secretario de seguridad del entonces presidente Uribe y lo inhabilitó para ejercer cargos públicos por cinco años, al igual que a nueve subordinados suyos. Sin embargo el exjefe de Estado, al conocer el fallo, emitió un comunicado: “Por los mismos hechos, por los cuales la Procuraduría impone la sanción, la Fiscalía General absolvió al Coronel Santoyo en agosto 29 de 2003 por no encontrar mérito suficiente para continuar con la investigación”.
El expresidente Álvaro Uribe Vélez señaló que, como Santoyo había apelado la determinación disciplinaria, la Presidencia de la República iba a esperar el fallo definitivo. En noviembre de 2004 la Procuraduría ratificó la decisión. Santoyo salió del esquema de seguridad de Uribe pero siguió vinculado a la Policía mientras se conocía el resultado de la apelación del oficial ante el Consejo de Estado.
En 2006, el alto tribunal reversó la decisión de la Procuraduría, basándose en que los delitos ya habían prescrito. Santoyo había exigido en su apelación que fuera reintegrado y llamado al curso de ascenso, es decir, para general. Y así ocurrió en 2007, tras obtener el visto bueno de la junta de generales de la Policía y del Congreso fue llamado a hacer curso de ascenso.