Luego de que la exsenadora Piedad Córdoba Ruiz anunciara una demanda contra el Estado por persecución política, tras conocer la apertura de una investigación disciplinaria en su contra, la Procuraduría radicó una demanda de pérdida definitiva de investidura a la exlegisladora liberal que se encuentra fuera del país por supuestas amenazas contra su vida.
El ministerio Público, a través de un delegado ante el Consejo de Estado demandó la investidura de Córdoba alegando que la exsenadora habría financiado la campaña política del representante por el Atlántico, Ricardo Montenegro.
El proceso de adelanta a partir de la información hallada en los computadores del abatido jefe guerrillero, Víctor Julio Suárez Rojas, alias ‘Mono Jojoy’, donde aparecen registros financieros de estas contribuciones.
Así mismo, la Procuraduría tiene como testigo al señalado narcotraficante venezolano, Walid Makled, quien en su declaración manifestó que existía una campaña para promover candidatos de Colombia y cuya intermediaria era Córdoba, quien aportó $25 millones de pesos a la campaña del representante Montenegro.
Córdoba hizo la aportación cuando no había perdido la investidura, advirtió Alejandro Ordóñez, jefe del Ministerio Público, al recordar que los servidores públicos no pueden hacer contribuciones a partidos, movimientos o candidatos.
"Con su actuación la exsenadora vulneró normas de rango constitucional e incurrió en falta disciplinaria y en causal de pérdida de investidura", agregó.
Córdoba fue destituida e inhabilitada para el ejercicio de la función pública durante 18 años, luego de que el Ministerio Público señalara que, sus comunicaciones con el jefe guerrillero Edgar Devia, alias 'Raúl Reyes' demuestran sus vínculos con la insurgencia de las Farc.
La exparlamentaria se ha defendido con el argumento de que entró en contacto con los guerrilleros en gestiones humanitarias de búsqueda de la paz y para la puesta en libertad de los secuestrados, que según Cordoba, son capturados.