La Procuraduría General rechazó los actos de violencia registrados en los últimos días en el marco del las protestas del paro nacional que se registran en diferentes regiones del país.
El Ministerio Público indicó que si bien el derecho a la protesta está salvaguardado en la Constitución Política de Colombia no se puede incurrir en vías de hechos que afecte la integridad de las personas.
El órgano de control disciplinario hizo un llamado a la población que está participando en las protestas con el fin de que las adelanten de manera pacífica, respetando así la integridad física, libertad de movilización y propiedad privada de los demás habitantes del territorio nacional.
En este sentido aseguró que no se pueden aceptar los hechos de violencia registrados en los departamentos del país como Boyacá, Cundinamarca, Cauca, Nariño, Putumayo y Antioquia así como en varias universidades públicas, en el desarrollo del paro nacional adelantado por diferentes sectores sociales y económicos del país.
Igualmente le hizo un llamado de atención a la Fuerza Pública con el fin de que en el cumplimiento de su función para mantener el orden público en las zonas de protesta se respeten los derechos humanos bajo los estándares de protección de la población civil.
En el caso de que se presenten irregularidades que cobijen a funcionarios públicos, la Procuraduría General manifestó que los afectados pueden radicar quejas con su soporte probatorio si consideran que se están afectando sus derechos y garantías.
Infiltración
Sobre el caso de la presunta infiltración de grupos armados ilegales en la marcha, la Procuraduría General solicitó que si se cuenta con el material probatorio se hagan las respectivas denuncias ante las autoridades correspondientes.
Igualmente si se tiene información sobre la identidad de quiénes han utilizado la violencia en contra de personas o propiedad privada deben presentarse las acciones ante Policía Nacional y Fiscalía General de la Nación para que se adopten las medidas correspondientes.
Por último, se indica que deben proteger a los menores de edad frente a cualquier conducta que amenace su vida o integridad personal, y a las autoridades responsables para que se adopten medidas tendientes a evitar que menores de edad sean involucrados entre los manifestantes que protagonizan protestas y bloqueos.
“El Ministerio Público ha conocido información según la cual en algunas manifestaciones han participado niños, situación que sin duda representa un grave riesgo para su integridad, e impide que crezcan en ambientes sanos y armónicos”, precisa el llamado de atención.