Procuraduría sancionó disciplinariamente al profesor Miguel Ángel Beltrán

Fue destituido e inhabilitado por 13 años para ejercer cargos públicos al considerar que tiene nexos con las Farc.

Al considerar que existen elementos materiales que lo vinculan con la guerrilla de las Farc, la Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó por 13 años para ejercer cargos públicos al profesor Miguel Ángel Beltrán.

El Ministerio Público tomó esta decisión al darle validez a una memoria USB en la que existían registros sobre el intercambio de comunicaciones entre miembros de ese grupo guerrillero y el profesor al que supuestamente se le conocía con el sobrenombre de ‘Jaime Cienfuegos’.

La investigación disciplinaria contra el docente de la Universidad Nacional inició en septiembre de 2011 cuando la Procuraduría General le formulón pliego de cargos por su presunta responsabilidad en labores de auspicio y colaboración con la guerrilla de las Farc.

En dicho documento el órgano de control disciplinario consideró que Beltrán “escribió documentos oficiales” para el grupo guerrillero y les colaboró con la presentación de escritos de tinte “revolucionario”, así como divulgar este pensamiento en eventos internacionales.

Igualmente es señalado de organizar eventos en universidades en los que invitaba a los estudiantes “a que se unieran a las filas de las Farc, pretendiendo además crear un centro de investigación de este grupo armado ilegal”.

Ante estos hechos y considerando que existe material probatorio suficiente, la Procuraduría manifiesta que el profesor Miguel Ángel Beltrán es la persona conocida dentro del grupo guerrillero con el alias de ‘Jaime Cienfuegos’, miembro importante de la Comisión Internacional de las Farc.

Señala el auto de cargos que “de manera razonable conoció cada paso que dio, colocó al servicio de su actuar ilegal toda intención, su conocimiento y voluntad en aras a verificar el resultado reprochable”.

El 3 de junio de 2011, un juez especializado de Bogotá lo absolvió de los delitos de concierto para delinquir agravado, rebelión y financiación de grupos terroristas. 

En esta decisión, la cual fue apelada por la Procuraduría General, se consideró que no existían pruebas testimoniales ni documentales que permitieran vincular a Beltrán con dicho grupo guerrillero.